Reasignación de recursos y contratación directa, ¿cuáles son todas las implicaciones de declarar desastre nacional?

El Gobierno nacional anunció que declarará desastre natural a nivel nacional ante la inminencia de los efectos del fenómeno de El Niño. La decisión tomada en la reunión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres le da algunas facultades al ejecutivo relacionadas con la contratación y el traslado de recursos.

A días de terminar su gobierno, la administración de Gustavo Petro busca “adoptar medidas anticipadas para proteger a las comunidades, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y reducir los impactos asociados a las condiciones climáticas extremas que podrían presentarse en diferentes regiones del país”, según anunció la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

Esta decisión del Ejecutivo, basada en la Ley 1523 de 2012, hace parte de varias disposiciones dentro de una política nacional que busca minimizar riesgos y enfrentar amenazas ambientales, siendo en esta ocasión el fenómeno de El Niño, del cual desde el Ideam se advirtió en el mes de junio que haría presencia en el país entre el segundo semestre y principio del próximo año, subrayando que su mayor intensidad sería “entre septiembre de este año y enero de 2027”.

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Esa normativa planteada años atrás genera unas implicaciones cuando se hace la declaración de desastre nacional que tienen unos efectos a la hora de contratar y trasladar recursos en atención a dichas contingencias ambientales.

Al declarar desastre nacional, la normativa le da facultades al ejecutivo para contratar de forma directa, pues al entenderse que es para la atención del desastre, la ley suspende los procesos de licitación pública para permitir la adquisición rápida de suministros o maquinaria como una urgencia manifiesta.

Esto se consigna en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, que menciona que los contratos que celebre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es quien declara el desastre nacional, “se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares”, haciendo esto alusión a las normas civiles y comerciales y dejando de un lado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Por otra parte, esta declaración le permite al ejecutivo un traslado de recursos que consta en que, sin modificar el Presupuesto General de la Nación, puede mover o direccionar recursos de una cartera a otra, haciendo que los proyectos que no se consideren prioritarios se asignen al fondo para la atención de los desastres.

Si bien estas implicaciones de la declaratoria de desastre nacional pueden generar una alerta por su impacto económico y legal, el marco jurídico para la atención de riesgos y desastres también le permite a la Contraloría y a la Procuraduría aplicar un seguimiento especial a los contratos que se firmen mediante la vigencia del decreto.

No es la primera vez que en el gobierno de Gustavo Petro se acude al decreto de desastre nacional para atender los posibles efectos de una emergencia ambiental, pues en noviembre de 2024 se emitió un decreto similar para atender los efectos de las lluvias que azotaron a zonas como Bogotá y los departamentos de La Guajira y Chocó. En enero de 2024 también se usó esta misma herramienta para atender conflagraciones en páramos y bosques que se estaban presentando producto de las altas temperaturas.

Pero sin dudas, el Decreto 2113 de 2022, que fue para atender la temporada de lluvias en sus primeros meses de gobierno, quedará en el recuerdo de esta administración, ya que en su vigencia de 12 meses fue cuando desde la UNGRD se aprovechó para el fraude relacionado con la compra de 40 carrotanques para La Guajira con sobrecostos, trama por la cual ya están bajo requerimiento de la justicia Olmedo López y Sneyder Pinilla.

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