Dejan en libertad a dos procesados por el asesinato de joven que cobró $6.000 por una mazamorra

Publicado 28 de octubre de 2026 Actualizado 28 de octubre de 2026

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Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, procesados por el homicidio de Juan José Correa Guerrero, de 17 años, quedaron en libertad luego de que una juez determinara que se vencieron los términos judiciales sin que se realizara la lectura del fallo. El crimen ocurrió el 12 de abril de 2025, tras una discusión por el cobro de $6.000 de una mazamorra.

La decisión se tomó durante una audiencia realizada el 28 de octubre de 2026, después de que transcurrieran 320 días sin que se leyera el fallo. La juez concluyó que se había superado el plazo legal aplicable y ordenó la libertad de los dos procesados, aunque el proceso penal deberá continuar.

Juan José Correa Guerrero fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, luego de un altercado relacionado con la venta de una mazamorra. En medio de la discusión, el adolescente recibió una herida con arma blanca en el tórax que le causó la muerte.

Durante la audiencia, Juan Castellanos, abogado representante de las víctimas, se opuso a la solicitud de libertad. El jurista pidió que se descontaran 25 días del conteo de los términos, debido a que una audiencia programada para el 20 de marzo de 2026 no se llevó a cabo, entre otras razones, por el cambio de defensor de uno de los acusados y el tiempo que necesitaba el nuevo abogado para estudiar el expediente.

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Según el representante de las víctimas, esos días debían atribuirse a la defensa y no al Estado. Con ese descuento, sostuvo, no se habría superado el límite de 300 días que, a su juicio, debía tenerse en cuenta para decidir sobre la libertad por vencimiento de términos.

Sin embargo, la juez no acogió ese argumento. Explicó que el cambio de abogado no constituye automáticamente una maniobra para dilatar el proceso, pues el nuevo defensor requiere un tiempo razonable para conocer el expediente.

También señaló que el Tribunal Superior de Cundinamarca tenía pendientes varias apelaciones relacionadas con decisiones probatorias, presentadas por la defensa, la Fiscalía y la representación de las víctimas. Por ello, concluyó que las demoras no podían atribuirse exclusivamente a los procesados.

La funcionaria determinó que el término aplicable era de 150 días y no de 300, pues la minoría de edad de la víctima no duplica automáticamente el plazo. Según su cálculo, entre el inicio del juicio, el 12 de diciembre de 2025, y el 28 de octubre de 2026, habían transcurrido 320 días sin lectura del fallo ni una actuación equivalente. Es decir, se habían superado en 170 días los 150 previstos.

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Antes de la audiencia, la madre de Juan José había expresado a Blu Radio su preocupación ante la posibilidad de que los procesados quedaran en libertad. La familia pidió que el proceso avanzara para esclarecer el homicidio.

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