¿Se acercaría el fin de la JEP? Aprueban en primer debate iniciativa que limita su duración hasta 2028

La iniciativa que tiene como objetivo no prorrogar la JEP más allá de marzo de 2028 pasó el primero de ocho debates. Lo hizo con diez votos a favor y ninguno en contra, pues la bancada del Pacto Histórico se salió del recinto, en la Comisión Primera del Senado.

Le puede interesar: ¿Cuáles son las propuestas en el Congreso para cambiar la JEP? Van de recortarle plata a “dar garantías a militares”

Se trata de un proyecto de acto legislativo presentado por el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) que propone que la jurisdicción se mantenga hasta la fecha inicial prevista para el fin de sus funciones y que los procesos que actualmente adelanta pasen a la justicia ordinaria, bajo las garantías pactadas en el Acuerdo de Paz de 2016.

El proyecto deberá continuar su trámite en la plenaria del Senado; luego pasará a Cámara (dos debates más) en su “primera vuelta”. Después tendrá que enfrentarse a una “segunda vuelta”: le siguen otros cuatro debates en los que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta. Es el trámite que exige un proyecto de este tipo, que modifica parte de la Constitución.

La iniciativa plantea modificar el artículo 15 del Acto Legislativo 1 de 2017, mediante el cual se creó la JEP. El objetivo, según su autor, es reducir a 10 años el periodo total de funcionamiento de la jurisdicción e incorporar un nuevo artículo, el 15A, que permita trasladar la justicia transicional a otro operador judicial dentro de la justicia ordinaria.

El senador considera que uno de los principales problemas está en las Salas de Reconocimiento, encargadas de formular los macrocasos. “Ahí es donde se encuentra el mayor rezago de todos. Hoy en día tenemos cerca de 37 subcasos y solo existen fallos parciales en seis de ellos”, afirmó.

A su juicio, el modelo no ha logrado cumplir su misión con el procedimiento que la propia jurisdicción estableció.

Gómez también sostiene que, entre los más perjudicados están los firmantes del Acuerdo de Paz de menor rango. “Se perjudica a gran parte de los firmantes que pudiéramos llamar guerrilleros rasos o miembros de la fuerza pública sin mando y jurisdicción, que son los que nada que ven resolver su situación jurídica”, señaló.

Por eso, propone dividir los procesos en dos grupos. El primero estaría integrado por los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad; el segundo, por quienes tienen pocas o ninguna posibilidad de ser considerados autores o instigadores de esos delitos.

Para este último grupo, que, según el senador, reúne a la mayoría de los comparecientes, plantea un procedimiento expedito en la justicia ordinaria. En cuanto a los 346 imputados por delitos de lesa humanidad, propone un tratamiento de mayor jerarquía judicial, cuyo diseño se definiría posteriormente.

Durante el debate se aprobaron tres proposiciones de la senadora María Claudia Posada, del Centro Democrático, que asignan nuevas funciones a la Corte Suprema de Justicia frente a decisiones de la JEP.

1. Revisión automática de condenas. El texto aprobado establece que las sentencias condenatorias contra los comparecientes que no acepten responsabilidad en la JEP serán examinadas automáticamente por la Corte Suprema de Justicia.

2. Tutelas. La Corte Suprema de Justicia conocería las acciones de tutela contra las decisiones de la JEP. “Y no por una salita especial que ellos mismos crearon para ser juez y parte”, señaló la senadora Posada.

3. Eliminación de la sala de cumplimiento. Se suprimió la creación de una sala de cumplimiento que podría extenderse durante 20 años. Posada había calificado ese punto como un “mico” dentro de la negociación del proyecto.

Una de las principales inquietudes sobre la iniciativa es qué ocurriría con los comparecientes si la JEP deja de funcionar y sus casos pasan a la justicia ordinaria. Gómez sostiene que ese traslado no debería empeorar su situación jurídica.

“El hecho de que la jurisdicción termine no podría significar que reciban un tratamiento penal o procesal más gravoso por el simple traslado a la justicia ordinaria”, afirmó el congresista.

El respaldo político todavía está por definirse. EL COLOMBIANO conoció que algunos integrantes del Partido Liberal no acompañarían la propuesta, debido a que respaldaron el proceso de paz. La decisión, sin embargo, deberá ser discutida por la bancada.

Por su parte, Gómez propuso convocar a una audiencia pública el 4 de noviembre con las altas cortes, las víctimas, los operadores judiciales y las asociaciones de firmantes del Acuerdo de Paz.

“El mensaje importante es que la plenaria del Senado debe conocer de este tema, que se ha vuelto álgido, que genera mucha sensibilidad entre las víctimas y donde hay fuertes cuestionamientos a la operación judicial, al malgasto y, sobre todo, al incumplimiento de las metas de esta jurisdicción especializada”, afirmó Gómez.

Entre los reparos, la JEP ha señalado que podría existir una supuesta vulneración a los derechos de las víctimas. Según el tribunal, reducir su periodo de funcionamiento podría “comprometer los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

La segunda alerta se relaciona con el traslado de los casos a la justicia ordinaria. La JEP advirtió que esa medida podría “afectar la garantía constitucional del juez natural y desmantelar el modelo de justicia transicional”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.