Cómo no ‘esperar pasivamente’ a que el régimen libere a Otero Alcántara: exigir fe de vida

El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanece en paradero desconocido desde que el pasado 7 de julio un fuerte operativo de la Seguridad del Estado lo sacó de la prisión de Guanajay, dos días antes de que finalizara el cumplimiento de su pena. Así, el jurista de DIARIO DE CUBA Edel González remarcó que, mientras el líder del Movimiento San Isidro «no dé señales de vida, no demuestre dónde está ni bajo qué condiciones, si está amenazado o coaccionado, se encuentra en un estado de desaparición forzada».

En este contexto, el grupo de asesoría legal Cubalex denunció que le fue imposible presentar un nuevo recurso de Habeas Corpus a favor de Otero Alcántara, «debido a que el Tribunal Provincial Popular de La Habana, órgano competente para conocer la solicitud, permanecía cerrado pese a tratarse de un día laborable», detalló en su perfil de Facebook.

Además, «ante la imposibilidad de acceder, la acción fue remitida por correo electrónico a este y al Tribunal Supremo Popular»; no obstante, «Cubalex documentó que las direcciones electrónicas habilitadas por las autoridades judiciales se encuentran inactivas o bloquean los mensajes«, resaltó la organización.

Tras los impedimentos para presentar el Habeas Corpus, González opinó que el camino legal tendría que comenzar por «una exigencia a la Fiscalía de que dé fe de vida, fe de libertad, y que acredite que se están cumpliendo los derechos de Luis Manuel Otero Alcántara». «Por tanto, la sociedad civil, los familiares y las personas más allegadas no pueden agotarse ni cansarse», resaltó.

Mientras el castrismo se esconde para no informar sobre el líder político y la activista Anamely Ramos reclamó «no esperar pasivamente a que lo suelten, sino exigir cuentas al régimen», González apuntó que «aunque no esté en una prisión física, si está recluido forzosamente en cualquier tipo de instalación —incluso debajo de un árbol o en una casa de campaña— y no puede salir de allí hasta que los cuerpos de seguridad lo determinen, efectivamente durante ese período está en un régimen de desaparición forzada, lo cual integra, como mínimo, un delito».

El jurista subrayó que dicho delito «se agrava cuando la privación de libertad se ejecuta por funcionarios del Estado; funcionarios que están en el deber, en primer lugar, de custodiar su vida, su salud y su integridad, y, en segundo lugar, están obligados también a respetar y garantizar su derecho a la libertad».

González señaló directamente a la Fiscalía Provincial de La Habana y al Departamento de Legalidad de Establecimientos Penitenciarios, y destacó que «la sociedad, su familia y todas las personas allegadas tienen derecho a saber, y las autoridades son responsables de lo que le pueda pasar en este momento a Luis Manuel Otero Alcántara».

González, además, hizo hincapié en que la opacidad gubernamental o el ocultamiento de datos sobre un ciudadano no constituyen una prerrogativa legítima del poder, sino una quiebra directa de los principios fundamentales del servicio público.

«La Fiscalía está obligada por el deber de transparencia como institución pública prestadora de servicios. Está obligada a dar ese tipo de información, porque no se trata de un caso donde la información deba resguardarse. Por el contrario, tiene que ser pública por los intereses que existen sobre ella: intereses sociales, personales y familiares. No hay ninguna ley que restrinja esos intereses ni que limite el derecho de acceso a la información«, argumentó.

En un contexto de total indefensión frente a la represión del régimen, Otero Alcántara llamó brevemente a Ramos el pasado jueves, «desde un celular de la Seguridad del Estado, mediante un número desconocido y con la llamada en altavoz», detalló la activista.

«Ellos querían saber cómo va el proceso del parole solicitado», dijo, dejando clara la intención de La Habana de desterrar de forma arbitraria a Otero Alcántara. «El parole de Luis Manuel sigue en proceso. Estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva», indicó Ramos y agregó: «El régimen cubano lo quiere fuera. El régimen se adueñó de nuestro país y nos usa a todos para asegurarse su posesión».