Gremios y empresarios le claman al gobernador que desmonte la tasa de seguridad en Antioquia; Rendón la defiende y la ratifica

Publicado 29 de octubre de 2026 Actualizado 29 de octubre de 2026

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Una nueva controversia se ha suscitado en Antioquia por el cobro de la tasa de seguridad que está realizando la Gobernación en este departamento. Esta vez Fenalco y el Comité Intergremial solicitaron al mandatario seccional, Andrés Julián Rendón, desmontar este tributo debido a la “carga asfixiante” que está generando al ecosistema empresarial, y a que la Nación destinará los recursos necesarios para operatividad y la Fuerza Pública.

La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un tributo obligatorio creado en Antioquia mediante la Ordenanza 50 de 2024 de la Gobernación, y que es vigente desde el 1 de enero de 2025 y va hasta el 31 de diciembre de 2027. Su propósito es financiar el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad de Antioquia para fortalecer la seguridad y la convivencia en el departamento.

Sin embargo, para María José Bernal, directora de Fenalco, y Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial, este cobro departamental pierde justificación y razón de ser, ya que el Gobierno nacional entregaría los recursos necesarios para la seguridad territorial.

“Sumada a los altos costos operativos actuales, esta sobretasa castiga injustamente la formalidad, golpea la competitividad de la región y amenaza la supervivencia de nuestras mipymes. Dado que la Nación asumiría el financiamiento de la seguridad que por deber constitucional le corresponde, es el momento oportuno de aliviar la presión sobre el sector productivo”, expresaron los dos gremios en la comunicación dirigida al gobernador Andrés Julián Rendón.

En contexto: “La tasa de seguridad sigue en firme”: Gobernación de Antioquia defiende su cobro y destaca recaudo del 62%

Los contribuyentes obligados a pagar la Tasa de Seguridad son los hogares de los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, así como los suscriptores de los sectores industrial, comercial y oficial. Los estratos 1, 2 y 3, junto con aquellos suscriptores cuya energía provenga en su totalidad de autogeneración (como paneles solares), están exentos del cobro.

El empresario del sector salud, Iván Parra, se unió al clamor de los gremios y cuestionó que el cobro de la tasa no sea unificado, sino que tenga que pagarlo por su establecimiento comercial y por su vivienda.

“Pedimos que la desmonten, porque son demasiadas cosas. O sea, o que no la anclen a la cuenta de servicios, sino que le pongan un valor fijo para todo el mundo. Esto nos está asfixiando”, comentó.

El impuesto de seguridad se cobra de manera asociada en la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica, y el cálculo se realiza multiplicando el consumo en kilovatios-hora (kWh) por una tarifa en Unidades de Valor Tributario (UVT) según el sector, aplicando topes máximos mensuales para la industria, el comercio y el sector oficial.Según el Comité Intergremial y Fenalco, las empresas regionales necesitan frenar la pérdida de empleos y evitar que el tejido empresarial siga asumiendo responsabilidades económicas que limitan su crecimiento.

“Esperamos, señor gobernador, sea posible desmontar este impuesto para así permitir que los empresarios sigan siendo motor de riqueza. Nuestro compromiso es con el progreso de Antioquia, pero requerimos operar sin obstáculos tributarios que frenen el desarrollo”,

Sobre la petición de desmonte de la tasa, la Administración Departamental respondió a la solicitud por medio de un oficio en el que expuso que “no era procedente teniendo en cuenta que los recursos recaudados tienen una destinación específica, se encuentran incorporados y comprometidos dentro del presupuesto departamental y están destinados a la ejecución de proyectos priorizados en materia de seguridad y convivencia ciudadana”.

El pasado 9 de febrero, Rendón Cardona ratificó que el tributo seguía en firme y reiteró que no existe evidencia de que el cobro haya afectado negativamente la economía del departamento.

Las principales inversiones realizadas con la Tasa de Seguridad, según la Gobernación, están en la compra y entrega de 55 camionetas (6 de ellas blindadas), 178 motocicletas, camiones, botes de apoyo fluvial, lanchas, equipos antidrones, radios de alta tecnología, cascos balísticos, chalecos antibalas y kits de control.

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Así mismo, reporta la Administración, logró el mejoramiento y renovación de estaciones de Policía en municipios del departamento como Sabaneta, Caldas, Buriticá, Montebello, Uramita y Chigorodó y la conexión de más de 2.100 cámaras al Nodo Departamental de Seguridad e inversión de más de $45.000 millones de pesos en tecnología para la Policía Nacional.

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