ONU alerta por pérdida del derecho a la defensa en Nicaragua tras purga de abogados – Nicaragua Investiga

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua lanzó una dura advertencia internacional al denunciar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha revocado de forma masiva y repentina las credenciales de numerosos abogados y notarios en el país. Según el organismo independiente, esta drástica medida borró de la noche a la mañana una parte vital del gremio legal nicaragüense, dejando a la ciudadanía en una situación de total vulnerabilidad y despojada de su derecho fundamental a la defensa jurídica.

Los testimonios recolectados por los expertos de Naciones Unidas revelan que la anulación de las licencias profesionales se ejecutó bajo un absoluto secretismo. A los afectados no se les notificó previamente, no se les ofreció ninguna base legal ni se emitió una explicación oficial sobre la medida.

De hecho, la mayoría de los juristas descubrieron que ya no podían ejercer cuando intentaron ingresar a las sedes de los juzgados, quisieron radicar documentos legales o buscaron sus nombres en el registro digital de la Corte Suprema de Justicia y descubrieron que habían sido borrados del sistema.

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Recopilan pruebas y testimonios

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU, explicó que a lo largo de las últimas semanas se ha acumulado evidencia sólida que confirma la gravedad de la situación. Al respecto, Simon declaró que hay una evidente escalada contra el gremio de abogados en el país.

“Durante la última semana, se han acumulado pruebas corroborantes que ofrecen motivos razonables para creer que el Gobierno nicaragüense está despojando sistemáticamente a numerosos abogados de sus licencias legales. Hemos condenado reiteradamente la interferencia del Gobierno de Nicaragua en el poder judicial, pero eliminar a una gran parte de la profesión jurídica es una nueva escalada”, expresó a través de un comunicado oficial.

El informe sitúa estas medidas en el marco de una purga masiva dentro del sistema de justicia nicaragüense que inició en octubre de 2023, cuando la policía tomó el control de la Corte Suprema, provocando la salida forzada de magistrados y el despido de más de mil empleados judiciales.

Las reformas constitucionales terminaron por consolidar este control absoluto al despojar al Poder Judicial de su estatus como un poder independiente del Estado. Tras los cambios legales, la justicia fue redefinida como un simple órgano coordinado directamente por la presidencia, reduciendo además el número de magistrados de la Corte, quienes ahora son nombrados exclusivamente bajo la propuesta directa de la pareja presidencial.

Muere el sistema judicial

Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos de la ONU, calificó esta situación como una estocada definitiva al sistema legal del país, señalando textualmente que “esta purga silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero se llevaron a los jueces, ahora se están llevando a los abogados”. Brody recordó además que “las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser excluido del ejercicio de la abogacía sin una audiencia justa ante un organismo independiente. Aquí no hubo audiencia, ni organismo independiente; sólo una tecla de borrado”.

Entre las víctimas de este bloqueo profesional se encuentran exmagistrados, abogados que hoy viven en el exilio, exmiembros del partido oficialista e incluso juristas sin ninguna afiliación política definida.

Para Ariela Peralta, también integrante del grupo investigador de la ONU, la situación de persecución viene de largo, afirmando textualmente que “los abogados se encuentran entre las víctimas de la persecución política en Nicaragua desde 2018. Han enfrentado amenazas, acoso, detención y exilio. Se les ha negado sistemáticamente el acceso a sus clientes y, ahora, al ejercicio mismo de la profesión”. El organismo concluyó que este patrón debilita gravemente la administración de la justicia y corta los canales para que los ciudadanos completen trámites legales cotidianos y ejerzan sus derechos ante los tribunales.