105 entidades menos: así es el “revolcón” al Estado que haría De la Espriella

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 22 minutos

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La Ley de Rescate Fiscal apenas fue radicada este jueves y ya causa polémica. Uno de los artículos sobre el que hay debate es el número 7 que le daría al presidente Abelardo de la Espriella el lápiz para redibujar la estructura del Estado.

Es decir, le otorga al presidente, por seis meses, facultades extraordinarias para suprimir o fusionar ministerios y departamentos administrativos, así como cambiarles el nombre, los objetivos, la estructura y hasta el orden de precedencia.

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También le permitiría reasignar funciones entre entidades para acabar con la duplicidad y los choques de competencias, modificar las plantas de personal de toda la administración nacional, “incluida la supresión de empleos y de vacantes”. Incluso, podría crear nuevas entidades para asumir las funciones de las que desaparezcan y hacer los ajustes presupuestales que todo eso demande.

En otras palabras, el Ejecutivo podría decidir cuántos ministerios tiene el país, cómo se llaman y cuántas personas trabajan en ellos, sin que cada cambio pase por un debate en el Capitolio. Esto hace parte de las promesas de campaña del hoy jefe de Estado, que había hablado de la necesidad de un recorte profundo para aliviar la presión fiscal.

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De hecho, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había dicho recién fue designado que la intención es pasar de 18 a 13 carteras. Pero información revelada por RCN señala que se mantendrían las mismas 18, aunque con ajustes.

Y es que el plan que presentaría el Gobierno contempla suprimir o fusionar 105 de las 209 entidades que conforman el Ejecutivo, entre ministerios, agencias, direcciones y superintendencias, entre otras. De esta manera, quedarían 104.

La propuesta también reduciría a dos los departamentos administrativos: el Dane y el de Planeación (DNP). Además, fusionaría los ministerios de Cultura y Deporte, y el de Educación con el de Ciencia. Sin embargo, también plantea crear dos nuevas carteras: el Ministerio de la Presidencia, que asumiría las funciones del Dapre, y el Ministerio de Desarrollo Social, que reuniría al ICBF y al DPS.

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El tema, como era de esperare, no cayó bien en la oposición. La representante Isabel Vera habló de un “mico”. Según la congresista, el Gobierno busca hacer esto “a su antojo”, saltándose al Congreso.

“Con el cuento de la ‘eficiencia’, lo que realmente buscan es poder absoluto para desmantelar las instituciones que garantizan los derechos sociales de la gente”, sostuvo.

El artículo 150 de la Carta Política le asigna al Congreso la tarea de determinar la estructura de la administración nacional, es decir, crear, suprimir o fusionar ministerios y demás entidades.

Pero también es posible que el Legislativo le traslade esa facultad al presidente de forma temporal, para materias precisas y con la mayoría absoluta de ambas cámaras.

La propuesta no cayó del cielo. A mediados de septiembre, los senadores del Centro Democrático Julia Correa Nuttin y Juan Caicedo radicaron un proyecto de ley con el mismo propósito: facultades extraordinarias por seis meses para eliminar, modificar o fusionar ministerios y las entidades que dependen de ellos.

En ese momento, Correa argumentó que, si de verdad se quiere un Estado más eficiente, hay que empezar por reducir los gastos de funcionamiento, y puso como ejemplo el Ministerio de la Igualdad, que costó alrededor de 2 billones de pesos y tuvo una ejecución “pésima”.

La meta que plantean los uribistas es ahorrar “mínimo 2% del PIB”, unos 42 billones de pesos. Caicedo recordó que el gobierno de Álvaro Uribe ya había fusionado ministerios con facultades extraordinarias aprobadas por el Congreso.

Detrás de todo está una de las banderas con las que De la Espriella llegó a la Casa de Nariño: reducir el tamaño del Estado en un 40%. Hasta ahora no estaba claro cómo se iba a ejecutar esa promesa.

La pregunta que queda es cómo se haría ese ajuste del Estado; y es que si bien desde la coalición de gobierno respaldaban desde un primer momento esta iniciativa, lo cierto es que ahora partidos de la coalición de gobierno ya salieron a decir que no acompañarán una propuesta que pretenda ponerle más impuestos a la clase media.

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