Procuraduría alerta sobre crisis humanitaria por minas antipersonal en Catatumbo y Bajo Cauca

La Procuraduría rechazó los recientes hechos ocasionados con minas antipersonal que han sucedido en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo, entre ellos el caso reportado en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

A través de un comunicado, el Ministerio Público expresó “su más enérgico rechazo frente a los recientes accidentes por minas antipersonal registrados en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo, incluyendo el lamentable hecho reportado en el municipio de Tibú”.

La entidad también condenó el uso de estos artefactos explosivos por parte de grupos armados ilegales y recordó que las minas antipersonal están prohibidas por normas internacionales.

“El Ente de Control condena el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las minas antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados”, señaló la Procuraduría.

Según la entidad, la situación actual estaría desencadenando una grave vulneración de los derechos humanos y, cada vez más, evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad en estas regiones del país.

“Estos acontecimientos generan una profunda preocupación para la Institución, en tanto constituyen una sistemática violación de los Derechos Humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, se indicó en el comunicado.

Además, la entidad advirtió que, de acuerdo con las cifras del primer trimestre de 2026, el Bajo Cauca y el Catatumbo concentran el mayor número de víctimas por este tipo de hechos a nivel nacional.

Para el Ministerio Público, esto deja “al descubierto una táctica criminal de control territorial que impone el terror, genera confinamientos y pone en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil y de la Fuerza Pública”.

Frente a este panorama, el organismo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional y recuperar el control territorial en las zonas afectadas.

Asimismo, solicitó al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, junto con alcaldías y gobernaciones, implementar “de inmediato actividades de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos” y garantizar la atención integral de las víctimas.

Se concluyó señalando que desde la Procuraduría se mantendrá la vigilancia preventiva sobre las autoridades encargadas de ejecutar la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, con el fin de asegurar “una respuesta estatal oportuna, la protección de la población y las garantías de no repetición”.

Lea también: Estas son las prohibiciones que Procuraduría les puso a funcionarios para elecciones