¿Por qué la JEP se tomó 9 años para sancionar a “Timochenko”, “Catatumbo” y otros jefes de las Farc?

Luego de nueve años de haber sido instalada, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por fin inició las sanciones contra el antiguo secretariado de las Farc, por la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, dentro del llamado Caso 01, relacionado con secuestros.

Rodrigo Londoño (“Timochenko”) y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años de sanción; Milton de Jesús Toncel (“Joaquín Gómez”), tendrá una sanción de siete años, ocho meses y 25 días; Jaime Alberto Parra (“el Médico”), de siete años, diez meses y dos días; Pastor Alape, de seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, de seis años; y Rodrigo Granda (“el Canciller”), de cinco años.

Durante ese periodo, los siete excomandantes tendrán restricciones sobre su movilidad, deberán permanecer en una residencia fija y no podrán cambiarla sin autorización de la JEP. Tampoco podrán salir de su respectivo departamento sin permiso ni abandonar el país, y tendrán dispositivos de seguimiento electrónico.

De lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., realizarán trabajos y obras para reparar a las víctimas.

A estas sanciones se suman nuevas citaciones a los exjefes de las Farc, para que aclaren su participación en hechos de reclutamiento y violencia sexual en las filas de la guerrilla.

La JEP citó a la exsenadora y exintegrante de las Farc, Sandra Ramírez, a rendir versión libre dentro de la investigación por el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado.

La decisión se tomó luego de que la magistrada Lily Rueda presentara una ponencia en la que consideró que existían elementos suficientes para confrontar a Ramírez, expareja sentimental del comandante “Tirofijo”.

En este caso, varias organizaciones de víctimas han pedido que se revise el papel que tuvo Ramírez dentro de la antigua guerrilla y su eventual conocimiento sobre las prácticas de reclutamiento de menores y abusos sexuales dentro de las filas.

Una de las víctimas es Deisy Guanaro, acreditada dentro del Caso 07 y quien ha relatado que fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años.

“Todo el mundo lo sabe, esta mujer fue una de las más sanguinarias y proxenetas que han tenido las Farc”, dijo a EL COLOMBIANO.

La JEP ha documentado miles de víctimas de estas prácticas y ha establecido que el reclutamiento estuvo acompañado, en diferentes casos, de otros hechos victimizantes, entre ellos violencia sexual, reproductiva, homicidios, torturas y malos tratos.

Dentro de este proceso ya han rendido versiones antiguos integrantes de la cúpula de las Farc. La JEP ha llamado a comparecer a exmiembros del secretariado y del autodenominado Estado Mayor Central para establecer cómo funcionaron las estructuras de reclutamiento, quiénes tomaban las decisiones y qué responsabilidad tuvieron los máximos mandos.

Los relatos de las víctimas sobre el papel de Ramírez en la guerrilla son aterradores. Guanuro es una de las personas que más se ha atrevido a contarlos sin filtros, pese a las amenazas que ha recibido.

“A los 12 años me trasladaron a San Vicente del Caguán. Allí corro con la desgracia de conocer a esta mujer, la carnicera de las Farc (Ramírez), le digo yo. Ella nos reunía a más de veinte niñas entre los 11 y 13 trece años. Nos hacía hacer una fila, repartía ropa interior, nos decía que teníamos que desfilar en frente de todos estos comandantes borrachos, y al que le llamáramos la atención le teníamos que hacer caso, complacerlo y, si nos negábamos, el castigo era un consejo de guerra”, recordó.

Y añadió: “El primer día que me tocó ese desfile, me abusó Pablo Catatumbo (exsenador del Partido Comunes), de una manera tortuosa, asquerosa, humillante, dolorosa. Ese día fui violada por Pablo Catatumbo, por órdenes de Sandra. Al otro día yo estaba humillada y sangrando; apenas estaba saliendo del shock cuando llega esta señora y nos pasa la ropa interior para volver a desfilar. Ese día otro hombre abusó de mí”, relató Deisy.

La citación de Sandra Ramírez a rendir versión ante la JEP busca que la exguerrilla entregue su propia explicación sobre la información que ha llegado al tribunal en el marco del Caso 07.

Según explicó la magistrada Rueda, una versión dentro de la JEP tiene el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos, aportar a la construcción de verdad y garantizar la participación tanto de las víctimas como de los comparecientes.

Además de Sandra Ramírez, la JEP llamó a declarar a “Timochenko” y a otros integrantes del último secretariado.

Esto sería por el Caso 11, Subcaso 3, también a cargo del despacho de la magistrada Rueda, sobre hechos de violencia basada en género contra hombres y mujeres mayores de 18 años. En total, se documentan 62 hechos entre 1995 y 2015, con 30 víctimas.

En la investigación se han documentado hechos de violencias reproductivas, sexuales y por prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género diversa, según la JEP.

La sanción y las citaciones de la JEP coinciden con la presión política que está ejerciendo el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el organismo, que podría derivar en una eventual reducción de la financiación. Desde campaña, De la Esprillea dijo que ese tribunal era “para la impunidad” (ver nota anexa).

– – – – – – – – – — – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOTA ANEXA: PROPONEN REDUCIR EL PRESUPUESTO DE LA JEP

El presidente Abelardo de la Espriella celebró una ponencia del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, en la que propone trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP a la rama judicial.

Gómez es una de las fichas principales del jefe de Estado en el Congreso y hace un par de días radicó dos proposiciones al Presupuesto 2027. Si el Congreso las aprueba, una le quita la plata a la JEP, y otra la traslada al Consejo Superior de la Judicatura.

“Mientras la JEP funciona como un fortín burocrático e ineficiente, la justicia ordinaria colapsa con un inventario de 2,2 millones de procesos represados, disparados por el tsunami de tutelas tras el derrumbe del sistema de salud. Con lo que pretende consumir la JEP, en dos años resolvemos el déficit de jueces en Colombia”, dijo el congresista.

De la Espriella le dio un espaldarazo en redes sociales. “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, afirmó. Desde la campaña presidencial ha sido crítico de la JEP. Incluso, decía que iba a cerrarla, posición que ha matizado.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, reaccionó: “Se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP (…). Hago un llamado a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero”.

Y añadió que “estas propuestas corresponden a una estrategia combinada de asfixia económica y de sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar, el más grave ataque que hemos sufrido a nuestra independencia y autonomía”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Exsecretariado de las Farc reconoce que reclutó más de 18.000 niños y que hubo abusos sexuales.