¿Qué delitos podría enfrentar Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales?

Publicado hace 1 hora Actualizado hace 56 minutos

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Deicy Jiménez había anunciado que tenía múltiples pruebas contra Gustavo Petro, a quien señala de haberle gestionado contratos con el Estado a cambio de favores sexuales. Este miércoles publicó lo que sería el primer material para respaldar sus señalamientos. La grabación desató una fuerte controversia por su contenido explícito y generó reacciones en distintos sectores.

En el video se observa a una mujer en una habitación junto a quien sería el expresidente. En las imágenes, ambos aparecen abrazándose y besándose.

“Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permitan que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro”, escribió la mujer en sus redes sociales.

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Horas después, el expresidente reaccionó y aseguró que dicho material no prueba que haya usado recursos del Estado para sostener estos encuentros.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, escribió el expresidente.

Más allá de la controversia por el video, los señalamientos de Jiménez abren un escenario jurídico relacionado con el presunto uso de la contratación estatal para obtener beneficios particulares. Si las autoridades encuentran elementos que respalden esa versión, se hablaría del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Este delito ocurre cuando un servidor público se interesa, en beneficio propio o de un tercero, en un contrato u operación en la que debe intervenir por razón de su cargo. En otras palabras, sanciona que un funcionario utilice su posición para favorecer intereses particulares en una contratación estatal.

Otro delito sería el de cohecho. Tiene que ver con la recepción o aceptación de dinero u otras utilidades por parte de un servidor público a cambio de actuaciones propias de sus funciones o contrarias a sus deberes.

En este caso, los investigadores tendrían que demostrar que existió un beneficio indebido y que estuvo relacionado con una actuación funcional.

También está el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ocurre cuando un servidor público tramita, celebra o liquida un contrato sin cumplir los requisitos legales esenciales.

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En ese caso, sería necesario establecer si hubo irregularidades en los procesos de contratación, quiénes intervinieron en las decisiones y si se desconocieron las exigencias legales.

Por ahora, el proceso apenas inició. La mujer teme por su vida y la de su familia, mientras se espera que siga haciendo públicas otras pruebas. Antes ya había mostrado varias fotografías y chats que al parecer sostuvo con el exmandatario.