Tribunal define hoy libertad de Luis Fernando Velasco por caso Ungrd: ¿hay riesgo de fuga?
- Colombia
- noviembre 5, 2026
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Este jueves, el Tribunal Superior de Bogotá definirá si deja o no en firme la medida de aseguramiento contra el exministro de Interior, Luis Fernando Velasco, investigado por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).
La diligencia se realizará apenas un día después de que la Corte Suprema aplazara hasta febrero de 2027 el inicio del juicio contra Velasco y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Justamente, ese aplazamiento, hasta el próximo año, complica el panorama del proceso, pues para entonces podría haberse cumplido el plazo que daría lugar a una solicitud de libertad por vencimiento de términos.
Son dos escenarios judiciales distintos que buscan el mismo fin, recuperar la libertad. Este jueves se resolverá la apelación que presentó la defensa contra la medida de aseguramiento. Por otra parte, en diciembre podría solicitar la libertad por vencimiento de términos, al considerar que se superó el plazo legal para que comience el juicio en su contra.
Si este jueves el Tribunal concede la apelación y deja sin efecto la medida, Velasco podría recuperar la libertad sin necesidad de acudir a una audiencia por vencimiento de términos. En cambio, si le niegan el recurso, el exministro tendría una nueva posibilidad la primera semana de diciembre, cuando, según el cálculo conocido por este medio, se cumpliría el término para ese propósito.
¿Por qué se habla del vencimiento de términos?
Uno de esos plazos corresponde al tiempo que tiene la Fiscalía para presentar el escrito de acusación después de la imputación. Dependiendo de las circunstancias, puede ser de 30 o 60 días, entre otros términos previstos por la ley.
Una vez se radica la acusación, comienza otro conteo relacionado con el inicio del juicio oral. En esta etapa no basta con que la Fiscalía haya presentado el escrito de acusación o que se hayan realizado algunas audiencias. El proceso debe avanzar hasta el juicio propiamente dicho, cuando comienza la práctica de pruebas y la presentación de los testigos.
En los procesos por delitos relacionados con corrupción, como el que se sigue contra los exministros por el escándalo de la UNGRD, el cálculo contempla un término de 120 días para que se inicie formalmente el juicio.
Bonilla y Velasco fueron imputados hace aproximadamente un año y acusados hace seis meses. Desde entonces, el expediente ha estado marcado por aplazamientos, solicitudes de prórroga, apelaciones y controversias entre la Fiscalía y las defensas por el acceso al material probatorio.
Esas actuaciones han incidido en el conteo, por lo que la primera semana de diciembre podría cumplirse el plazo para solicitar la libertad por vencimiento de términos.
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El nuevo escenario se conoció después de que este miércoles 4 de noviembre volviera a aplazarse la audiencia preparatoria contra los dos exministros ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
La diligencia estuvo atravesada por los cuestionamientos de las defensas sobre el descubrimiento probatorio de la Fiscalía. Los abogados insistieron en que todavía existen dificultades para acceder a la totalidad del material que sustenta la acusación.
El propio Velasco cuestionó que la Fiscalía llegara a la audiencia con documentos cuyo contenido no conocía. Bonilla también expresó reparos sobre la entrega de la información. “La Fiscalía no ha sido leal con nosotros, sobredimensionó todos los cargos para podernos meter presos, nos acusó de sacar la Unidad de Riesgo; después dijo que no teníamos nada que ver con el peculado. El descubrimiento de pruebas ha sido absolutamente complicado”, dijo.
La controversia viene desde septiembre, cuando las defensas denunciaron problemas para revisar distintos elementos del expediente. Entre las dificultades mencionaron archivos cifrados, carpetas vacías, documentos que no podían abrirse y problemas para copiar un Blu-ray con información que consideraban necesaria para preparar el juicio.
Ante esos reclamos, la Corte ordenó revisar las inconsistencias y concedió un plazo de tres semanas para que la Fiscalía y las defensas identificaran los problemas y buscaran una solución.
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La Fiscalía, por su parte, negó que haya ocultado información. En la audiencia, la delegada explicó que entregó los elementos en las condiciones en que los recibió y que algunos de los archivos cuestionados presentaban problemas técnicos o no tenían contenido que pudiera utilizarse como prueba.
“Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa. Por el contrario, dentro del descubrimiento efectuado se incluyeron, incluso, aquellos archivos digitales que se encontraban protegidos mediante mecanismos de seguridad que impedían su apertura, precisamente para garantizar la máxima transparencia posible con relación a todo aquello que hacía parte del expediente investigativo”, sostuvo la Fiscalía.
La preocupación por una eventual libertad
El proceso ya tiene antecedentes de varios implicados que han terminado escapando. Entre ellos, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien está prófugo y asilado en Nicaragua, y el exdirector de Función Pública, César Manrique, de quien se desconoce el paradero.
En abril pasado, Ricardo Bonilla ya había recuperado su libertad por orden del Tribunal Superior de Bogotá.
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