Deicy Jiménez publicó video de supuesto encuentro íntimo con Gustavo Petro para probar su relación en el escándalo de “sexocontratos”

Deicy Jiménez, la mujer que ha denunciado que el entonces presidente Gustavo Petro supuestamente la habría contratado como trabajadora sexual a cambio de favores y contratos con el Estado, publicó en la noche de este miércoles un video de un encuentro que, según ella, sostuvo con el mandatario.

En Instagram, el video lo acompañó con este mensaje: “Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”.

La publicación del video en el que aparece Deicy Jiménez junto al expresidente Gustavo Petro se conoció en medio de un cambio en la representación jurídica de la mujer que ha denunciado presuntos pagos de servicios sexuales mediante contratos estatales.

Las imágenes fueron difundidas un día después de que su abogado Andrés Felipe Caballero anunciara que renunciaba a representarla por motivos de seguridad personal.

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Tras la salida de Caballero, la defensa de Jiménez quedó en manos de la abogada Dina Luz Malo, quien asumió públicamente el caso, denunció que su nueva clienta estaría siendo perseguida y anunció que hoy jueves 5 de noviembre pondrá el video a disposición de las autoridades para que sea incorporado y examinado dentro de las actuaciones judiciales.

Jiménez presentó el material como respaldo de su versión sobre el vínculo personal que aseguró haber sostenido con el exmandatario y acompañó la publicación con un mensaje en el que manifestó preocupación por su seguridad y la de su familia.

Una de las primeras voces en pronunciarse fue María Paula Fonseca Gómez, exsubgerente de RTVC en el gobierno Petro, quien cuestionó que la grabación sea presentada como una prueba de las acusaciones formuladas por Jiménez.

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A través de su cuenta en X, Fonseca sostuvo que el video únicamente permitiría establecer “la existencia de una relación afectiva entre un hombre y una mujer”, pero no demostraría que se hubieran realizado pagos por servicios sexuales a través de contratos públicos.

El origen de estas denuncias se remonta al domingo 25 de octubre de 2026, cuando la revista Semana publicó una entrevista exclusiva de Deicy Jiménez con la periodista Vicky Dávila.

En esa conversación, la mujer contó que conoció a Gustavo Petro en 2019, cuando él todavía era senador, a través de una página de citas para adultos en la que, según su versión, el entonces congresista apareció como un cliente más.

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Jiménez aseguró que inicialmente Petro no se presentó con su nombre real y que, aproximadamente un mes después del primer contacto virtual, se encontraron personalmente en un hotel de Cali.

La mujer afirmó que después se trasladó a Bogotá y empezó a trabajar en el Senado, mientras continuaba el vínculo con Petro. En la entrevista señaló que recibió contratos en distintas entidades estatales, entre ellas el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Jiménez habló de una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que fueron contratadas de la misma manera.

Ante las denuncias, Gustavo Petro el domingo 25 de octubre, después de que Semana publicara la entrevista, difundió un comunicado de dos páginas en su cuenta de X, en el que negó haber utilizado contratos estatales para obtener relaciones sexuales.

“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, escribió.

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También aseguró que nunca había sometido a una mujer ni cometido un delito en sus relaciones sexuales.

En ese mismo pronunciamiento, Petro sostuvo que las acusaciones hacían parte de una operación política dirigida contra él y señaló al Gobierno de Abelardo De la Espriella como supuesto responsable de intentar indagar en su vida íntima.

“La operación para descubrir mi vida íntima viene del Gobierno de Abelardo De La Espriella y hay dinero de por medio”, afirmó, sin presentar pruebas públicas de esa acusación.

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El caso de Deicy Jiménez entró en una nueva etapa después de que la mujer rindiera declaración ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el jueves pasado (29 de octubre de 2026).

La diligencia se extendió cerca de cuatro horas y estuvo a cargo del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado. Durante la declaración, Jiménez ratificó sus señalamientos sobre la supuesta existencia de una red de mujeres que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales y otros favores personales.

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Según lo que trascendió de la diligencia, la mujer respondió varias preguntas, pero guardó silencio frente a otros interrogantes, entre ellos uno relacionado con la presunta compra de sustancias estupefacientes para el exmandatario.

Al término de la comparecencia, su entonces abogado, Andrés Felipe Caballero, anunció que la denunciante entregaría un teléfono celular para que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizara una extracción forense de la información.

Según la defensa, en ese dispositivo habría conversaciones, fotografías y videos que permitirían contrastar su testimonio.

La Fiscalía, por su parte, también abrió una línea de actuaciones. El ente acusador tenía prevista una diligencia con Jiménez para el martes 3 de noviembre, a las 2:30 de la tarde, con el propósito de ampliar las denuncias que había hecho públicamente.

Sin embargo, la comparecencia no se realizó debido a la renuncia de Caballero, quien argumentó problemas de seguridad y amenazas contra su integridad.

La Fiscalía señaló que estaba recopilando elementos para contrastar los señalamientos y también se contempló llamar a declarar al director del Dapre, Carlos Ríos.

La Procuraduría, por su parte, abrió una indagación previa de oficio para establecer si hubo irregularidades en la contratación de mujeres durante el Gobierno Petro y posibles conductas de acoso o violencia basada en género.

Esta actuación busca identificar eventuales responsables y determinar si existen elementos para avanzar hacia una investigación disciplinaria.

El caso también tiene un frente relacionado con las respuestas de las personas señaladas. El abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro y de María José Pizarro, UTL en la que laboró Jiménez, manifestó que controvertiría las acusaciones y sostuvo que se trataría de un montaje.

Además, anunció acciones judiciales relacionadas con una certificación laboral de HispanTV que habría sido utilizada por Jiménez para acreditar experiencia en sus procesos de contratación. El canal manifestó que no había expedido ni autorizado ese documento.

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