Medicina Legal confirma que ocho menores han muerto en bombardeos ordenados por De la Espriella

Ocho menores de edad han muerto durante operaciones militares realizadas desde la llegada de Abelardo De la Espriella a la Presidencia, el pasado 7 de agosto.

La cifra fue confirmada este miércoles por Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante un congreso celebrado en Bogotá.

Según el funcionario, cinco de las víctimas eran de sexo masculino y tres de sexo femenino.

El registro corresponde al periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre y reúne fallecimientos ocurridos en el contexto de operaciones militares, tanto terrestres como aéreas (bombardeos).

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Por eso, aunque el balance se conoció en medio de la controversia por los bombardeos ordenados por el Gobierno, la cifra divulgada abarca las dos modalidades de operación.

El reporte también muestra que la muerte de menores en acciones de la Fuerza Pública continúa siendo un asunto crítico en medio del conflicto armado.

Lo comunicado por Medicina Legal se da el mismo día en que se conoció el sexto bombardeo en lo que va del gobierno De la Espriella.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la operación esta vez fue contra estructuras del ‘clan del Golfo’ ubicadas en el Chocó.

Unidades especializadas, según lo que se ha conocido, se dirigen hacia el área intervenida con el propósito de inspeccionar el terreno y determinar los resultados finales de la operación.

El presidente De la Espriella había anticipado la operación horas antes de que se conocieran los primeros detalles. En un mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró: “Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles”.

En esa publicación, el mandatario no especificó la ubicación del ataque ni la organización contra la cual se dirigió la acción militar. Aunque medios han reportado que fue en el Chocó contra el Clan del Golfo.

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Con la operación de este miércoles, la administración de De la Espriella completa seis bombardeos desde su llegada a la Casa de Nariño. Las intervenciones han tenido como objetivo estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y, ahora, el ‘clan del Golfo’.

La primera acción ocurrió entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto en el Catatumbo, Norte de Santander. El ataque estuvo dirigido contra integrantes del ELN que operan en esa región fronteriza con Venezuela.

A finales de ese mismo mes, las Fuerzas Militares concentraron parte de sus operaciones en Guaviare, donde efectuaron dos bombardeos contra estructuras de las antiguas Farc. El primero se desarrolló el 27 de agosto contra una facción vinculada con alias Calarcá.

Tres días después, el 30 de agosto, la ofensiva se dirigió contra hombres bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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Las operaciones en Guaviare generaron cuestionamientos por la muerte de menores de edad.

De acuerdo con los reportes conocidos posteriormente, al menos cuatro menores fallecieron en esos ataques, lo que puso bajo escrutinio los procedimientos de inteligencia y la verificación de los objetivos antes de autorizar los bombardeos.

El cuarto ataque aéreo se registró el 11 de octubre, nuevamente en el Catatumbo. En esa oportunidad, el blanco fue el Frente 33 de las disidencias de las Farc. La operación dejó cuatro personas muertas, entre ellas una adolescente de 16 años, según los reportes divulgados sobre el caso.

La quinta intervención ocurrió la semana pasada en el suroccidente del país, en una ofensiva contra estructuras del ELN que operaban en el Cauca y zonas limítrofes con Nariño.

Durante esa acción murió alias Marcos Pacífico, identificado como Neftalí Riascos Alegría, señalado cabecilla de esa guerrilla y con influencia sobre estructuras que operaban en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

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Medicina Legal contabiliza aproximadamente 17 menores fallecidos en este tipo de operaciones durante lo corrido de 2026, nueve de ellos antes del inicio de la administración de De la Espriella, de acuerdo con la diferencia entre los dos cortes temporales.

Entre las regiones mencionadas en los reportes sobre estos hechos figuran Norte de Santander, Guaviare, Arauca y Cauca, territorios afectados por la presencia de estructuras armadas ilegales y las operaciones de la Fuerza Pública para combatirlas.

La información se conoció en una jornada marcada por dos acontecimientos: la divulgación de las cifras forenses y la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que revocó el fallo de tutela que había impuesto restricciones a los ataques aéreos cuando existieran indicios de presencia de menores reclutados por grupos armados.

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Las ocho muertes registradas durante los primeros dos meses de la administración de De la Espriella adquieren mayor relevancia al compararlas con los balances de gobiernos anteriores.

Según las cifras citadas por Cortés, durante los cuatro años del mandato de Iván Duque se contabilizaron 42 menores muertos en operaciones militares, mientras que en el gobierno de Gustavo Petro se registraron 62.

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Sin embargo, otros reportes periodísticos han recogido declaraciones anteriores del director de Medicina Legal en las que habló de aproximadamente 65 menores fallecidos durante el cuatrienio de Petro.

En noviembre de 2019, un bombardeo de las Fuerzas Militares en Caquetá, durante el Gobierno de Duque, provocó una crisis política luego de conocerse que entre las víctimas había ocho menores de edad.

El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, terminó renunciando mientras avanzaba una moción de censura en su contra.

Años después, en noviembre de 2025, otro bombardeo ordenado durante el Gobierno de Petro en Guaviare dejó siete menores muertos, de acuerdo con los reportes publicados sobre esa operación.

El caso generó cuestionamientos acerca de los mecanismos para verificar la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados en campamentos y zonas de operación de los grupos armados.

La controversia no se limita a establecer cuántos menores han fallecido, sino que también involucra la manera en que las Fuerzas Militares determinan sus objetivos y evalúan los riesgos antes de ejecutar ataques aéreos.