La estrategia con la que Sandra Ortiz busca su libertad tras un año presa por el caso de corrupción en la UNGRD

La defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, puso en marcha una nueva estrategia jurídica para buscar su libertad, en medio del proceso penal que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se trata de un recurso de hábeas corpus, con el que su abogado reclama que Ortiz permanece privada de la libertad pese a que el juicio en su contra aún no ha comenzado.

El abogado Mauricio Camacho argumentó que la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación en julio de 2025, pero hasta el momento no se ha dado inicio a la etapa de juicio, lo que supone una superación de los términos legales que regula la detención preventiva. Bajo esa premisa,el recurso busca que un juez examine si la privación de la libertad sigue siendo legal y proporcional.

La solicitud de habeas corpus pretende que el despacho judicial revise el cronograma de audiencias, entre otros componentes. La exfuncionaria fue trasladada a una guarnición militar por razones de seguridad, donde, de acuerdo con su defensa, ha mantenido una conducta adecuada y sin incidentes.

Esta acción judicial se presenta luego de que, en diciembre pasado, a Sandra Ortiz le fue negadas dos solicitudes de libertad condicional. Una juez de Bogotá rechazó una petición de libertad por vencimiento de términos elevado por su equipo jurídico.

En esa oportunidad, la juez 79 de control de garantías conclusiones que no se cumplieron los requisitos legales para conceder la libertad bajo esa figura. Según explicó, la ley exige que transcurran 240 días para que proceda el vencimiento de términos, plazo que aún no se ha completado en este caso. De acuerdo con el asunto oficial, que inició el 24 de enero, solo se habían cumplido158 días al momento de la decisión.

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Sandra Ortiz fue Acusada formalmente por la Fiscalía en septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según el ente acusador, la exconsejera habría tenido un papel clave en la entrega de 4.000 millones de pesos en sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Nombre, y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, dentro de la trama de corrupción que salpicó a la UNGRD.

Para la defensa, sin embargo, la falta de avance hacia el juicio vulnera los derechos fundamentales de Ortiz y convierte su detención en una medida desproporcionada. Con el hábeas corpus, el equipo jurídico espera que un juez evalúe si se han respetado las garantías procesales y determine si la exfuncionaria debe continuar privada de la libertad mientras el proceso sigue su curso.

El caso de Sandra Ortiz se mantiene como uno de los expedientes más sensibles derivados del escándalo de la UNGRD, un proceso que sigue generando repercusiones políticas y judiciales, mientras avanzan las investigaciones contra otros exfuncionarios y congresistas señalados en la presunta red de corrupción.