“Los colombianos estamos pagando lo que les toca a las Farc”: María Clara Posada

Cuando la Comisión Primera del Senado revisó el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la senadora del Centro Democrático María Clara Posada empezó a preguntar por el gasto de la entidad. Dice que encontró más de $160.000 millones en el arriendo de un edificio en Bogotá, $56.000 millones en viajes y más de $40.000 millones en defensa jurídica de comparecientes, y que sus derechos de petición no han sido resueltos.

Después publicó videos de audiencias del macrocaso de secuestro en los que Timochenko, excomandante de las Farc, habla del trato a los secuestrados ante la magistrada Julieta Lemaitre. Timochenko le respondió en un trino que violaba la ley al divulgarlos. Las denuncias han generado polémica: el magistrado Ramelli dijo, según ella, que no está sometido a escrutinio, y la senadora Carolina Corcho sostuvo que el recorte presupuestal asfixiaría a la entidad. Quienes defienden la JEP destacan que ha llevado a víctimas a escuchar verdad y confesiones, que los excomandantes reconocieron secuestro y tortura, y que tiene reconocimiento en otros países. Posada cuestiona sus resultados: 21 sentencias, cuatro en firme.

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¿Cómo empezó a ocuparse de la JEP?

“Fue espontáneo. En la discusión del presupuesto en la Comisión Primera, las entidades llegan a justificar su cifra y nosotros, en ejercicio del control político, planteamos interrogantes. La JEP presentó un presupuesto de $821.803 millones, que en un momento de crisis fiscal tenía que llamar la atención. Preguntamos qué iba a funcionamiento, qué a inversión y a qué resultados estaba atado. No hubo una respuesta elocuente. Lo siguiente fue un pronunciamiento en redes del magistrado Ramelli en el que decía, parafraseo, que no estaba sometido a escrutinio. En un Estado de derecho, cualquier órgano público responde ante la ciudadanía. Con el ministro de Justicia y con el Consejo Superior de la Judicatura nos sentamos y a nadie le pareció raro. Ahí uno dice: aquí hay gato encerrado”.

¿Qué encontró en el gasto?

“Cifras llamativas, por decir lo menos. El edificio que arriendan costó construirlo unos $20.000 millones y tiene un avalúo catastral de $40.000 millones. Vámonos por el más alto: con más de $160.000 millones en arriendo, lo hemos pagado cuatro veces. Hay $56.000 millones en viajes a Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Barcelona y París. Uno de catorce días entre Ámsterdam, París y otro destino europeo. Hay viajes registrados dos veces en el Secop y no se sabe quién viajó. Dicen que hay comparecientes en esos lugares, pero no lo han explicado. Cuando uno no tiene nada que esconder, abre sus cartas”.

¿Qué más reveló?

“Les hemos pagado $40.365 millones en defensa jurídica. Los artículos 37 y 115 de la ley estatutaria dicen que se paga siempre y cuando demuestren que no tienen recursos. Según Forbes, en 2014 la fortuna de las Farc ascendía a 600 millones de dólares, el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Y hay otros $30.000 millones, por un convenio con el PNUD, para que asuma las sanciones restaurativas: los colombianos estamos pagando con nuestros bolsillos lo que les corresponde a los comparecientes de las Farc”.

Usted también ha criticado los resultados de la corte…

“Hay 21 sentencias en 8 macrocasos y solo 4 están en firme: 3 contra miembros de la Fuerza Pública y una contra las Farc. En esa, las sanciones restaurativas son, dicen muchos, labores de jardinería. Yo prefiero llamarlas artes escénicas, porque no me parece real cómo posan frente a la foto. Según la Comisión de la Verdad, las Farc son responsables de más de 123.000 homicidios y más de 22.000 secuestros. ¿Le parece que lo que procede es posar con un machete? Además, el presupuesto de las tres altas cortes este año es de $638.922 millones; el de la JEP quedó en $744.659 millones”.

Habla de militares y policías, pero ellos tenían la obligación de defender la Constitución, su falta es más grave…

“Los uniformados tienen un deber superior de honrar la Constitución. Pero también hay una narrativa, derivada de los acuerdos de La Habana, según la cual todos los uniformados que comparecen son responsables de crímenes atroces. Eso no es cierto. Hay casos puntuales reprochables, pero no es la regla”.

Usted reveló unos videos de Timochenko en audiencia, pero solo son fragmentos, ¿qué más muestran?

“Los primeros fragmentos son de una audiencia de seis horas; luego publicamos otros, entre ellos una versión libre. Lo que queda evidenciado es que no había un deseo de hablar con la verdad. En la primera audiencia dicen que había buen trato y buena comida, y que se quitaban el pedazo de la boca para dárselo a los secuestrados. Del otro lado veo a una magistrada con risitas cómplices. En otro video cuentan que cambiaban la comida de los secuestrados por cuchuco, como si fuera una anécdota del paseo con los amigos del colegio. Y en otro, Timochenko plantea que los empresarios, los militares y la Policía eran igual de responsables y que si él iba a la cárcel iban todos. Hay una verdad acomodada: la que ellos querían que saliera”.

¿Cómo reaccionó Timochenko?

“Me escribió en un trino que yo estaba violando la ley. Yo no tengo deber de custodia sobre esos videos, así que no tengo por qué no divulgarlos. Y le pregunto, como usted lo entenderá como periodista: ¿por qué le da susto que se conozca, si no hay nada malo?”.

¿Qué propone para la JEP?

“Un proyecto de acto legislativo para que toda sentencia sancionatoria contra miembros de la Fuerza Pública tenga revisión automática por un tribunal superior militar y policial. Es devolverles el juez natural: hay que conocer las normas del conflicto para juzgar sobre ellas. La magistrada Catalina Díaz dijo que ese juez sería encubridor y el magistrado Camilo Suárez lo calificó de inconstitucional, cuando esa facultad es de la Corte Constitucional. Proponemos también que la pena máxima de cárcel para los militares sea de cinco años, con opción de pagar parte de manera restaurativa, como las Farc, y que las tutelas contra providencias de la JEP las conozca la Corte Suprema y no una sala de la JEP. Si usted tutela la decisión y la estudia un juez de la JEP, ¿qué posibilidad tiene?”.

Entre los gastos que usted reveló, lo más inquietante es el arriendo del edifico…

“Presentamos derechos de petición, revisamos el Secop y usamos inteligencia artificial para ver si lo que llaman inversión lo es. Salió también que han contratado más de $182.000 millones con la ONU, que dijo que el presupuesto no se debía tocar. Del edificio, el estudio de títulos muestra 18 empresas anónimas en paraísos fiscales: Delaware, Islas Vírgenes Británicas y Panamá. De las 9 de Delaware, 8 se configuraron un mes después de firmar el contrato de arriendo, en las mismas fechas y con los mismos datos. No sé si es una operación para evadir impuestos; son preguntas que uno tiene que hacerse. El contrato se adjudicó de forma directa porque el edificio no requería adecuaciones y concentraría toda la operación. Las dos razones resultaron falsas: hubo adecuaciones por más de $3.300 millones y hay una sede alterna que ha costado $10.000 millones”.

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