Iberoamérica y ONU Mujeres exhortan a La Habana a reformar la legislación sobre igualdad de género

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres exhortaron hoy al Gobierno de Cuba a reformar una decena de leyes en materia de igualdad y empoderamiento económico de las mujeres, así como a adoptar/ratificar cuatro convenios internacionales pendientes.

Concretamente, las organizaciones proponen reformar la legislación cubana sobre la «igualdad de remuneración por trabajos de igual valor». En cuanto a los cuidados de larga duración, insisten en las condiciones de la licencia, los derechos para la conciliación, la distribución equitativa entre hombres y mujeres y la regulación de la licencia por paternidad, entre otros.

También solicitan la ampliación de los «principios y derechos fundamentales en el trabajo y de igualdad y no discriminación, la libertad de asociación sindical, la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso y el trabajo infantil, teniendo en cuenta las consideraciones de género y a los grupos vulnerables y trabajadores en la economía informal».

Estas consideraciones se conocieron este lunes en el relanzamiento de la Plataforma Virtual de Legislación en materia de Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres en Iberoamérica.

Impulsada con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la herramienta reúne y analiza 894 leyes de los 22 países iberoamericanos y amplía de ocho a 12 sus áreas de análisis.

En el caso de Cuba, el análisis insta al régimen a adoptar o ratificar los siguientes instrumentos internacionales: Convenio sobre la Seguridad Social (1952), Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares (1981), Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (2011) y Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo (2019).

Este último ha sido ratificado o incorporado por el 86% de los países iberoamericanos, según la plataforma.

Además se solicita ampliar la legislación sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres, las condiciones laborales de las personas trabajadoras domésticas remuneradas, la legislación sobre educación digital de mujeres y niñas, y los principios de igualdad y no discriminación de trabajadores informales y grupos vulnerables.

Las citadas organizaciones sugieren ampliar la definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo por razón de género, el impacto de la violencia doméstica en el trabajo y los riesgos psicosociales asociados.

«La plataforma no funciona como un simple repositorio de legislación. Para cada área identifica estándares internacionales de referencia, selecciona la legislación nacional pertinente y aplica preguntas y criterios comunes a los 22 países. Esta metodología permite construir un panorama regional comparable y formular recomendaciones concretas», señaló la SEGIB en un comunicado.