Gobierno protege a Deyci Jiménez, quien acusa a Petro de red de favores sexuales a cambio de contratos: estos son los suyos

Publicado 25 de octubre de 2026 Actualizado 25 de octubre de 2026

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron la ruta de protección para Deyci Jiménez, la joven que este domingo hizo graves señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro en una entrevista con la revista Semana. En un comunicado conjunto, ambas entidades dijeron que adelantarán las actuaciones necesarias para salvaguardar su vida.

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La reacción del Gobierno se produjo horas después de la publicación. En la entrevista, concedida a la excandidata presidencial Vicky Dávila, Jiménez le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que le brindara seguridad, porque teme represalias tras hablar.

Según el relato de Jiménez a Semana, conoció a Petro en 2019 —entonces era senador— a través de una página para adultos en la que trabajaba. Afirma que después de un primer encuentro, por esa época, se sostuvo con contratos del Estado que, según ella, él le ayudaba a conseguir.

La joven afirma que esos contratos eran supuestamente una forma de pago por favores sexuales. Asegura que no fue la única: habla de una red de entre 30 y 40 mujeres, en su mayoría jóvenes, que según su versión recibían contratos estatales a cambio de acompañar al entonces mandatario a encuentros o fiestas. En la entrevista, Jiménez también asegura que Petro le pedía conseguirle cocaína. Según su versión, él le daba el dinero, ella la compraba y se la llevaba.

Semana, además, publicó una serie de fotos que supuestamente corresponden a ropa, dinero y droga del expresidente; también publicó capturas de conversaciones que Jiménez aportó como prueba. Sin embargo, esos chats no vinculan directamente a Petro.

Se trata de mensajes intercambiados a través de perfiles de Facebook que, según la joven, eran cuentas falsas que el exmandatario usaba para comunicarse con ella. La atribución de esos perfiles a Petro se sostiene únicamente en el testimonio.

Las conversaciones muestran que ella envía su hoja de vida y le pregunta por avances en procesos de vinculación a entidades. “Acabo de conseguir un empleo que es de planta. Te dará más seguridad”, se lee en una de las respuestas de ese perfil. En otro mensaje dice: “Vas a una notaría”.

La joven señala en la entrevista que decide denunciar porque no está de acuerdo con “el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios”.

EL COLOMBIANO consultó a personas que fueron cercanas a la Casa de Nariño durante la pasada administración, quienes rechazaron el relato y dijeron que el expresidente no utilizaba Messenger para comunicarse.

Además, en Palacio nadie identifica a la joven, aunque sí la reconocen como una persona cercana a Petro mientras él estaba en el Senado, por periodos cortos. Agregan que, si se trató de una relación consensuada entre dos adultos, no habría delito.

Lo que sí consta en registros públicos es la vinculación contractual de la joven con el Estado. Deyci Jiménez, quien es bachiller, ha tenido al menos una decena de trabajos con entidades estatales entre 2021 y 2026, según información del Portal Anticorrupción revisada por este medio.

Los primeros contratos de Deyci Jiménez con el Estado datan de 2021 y fueron con el Congreso. El primero, entre el 4 de agosto y el 15 de septiembre de ese año, fue por 2,7 millones de pesos. Un mes después firmó otro con la misma entidad, entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre, por unos 1,8 millones al mes. Ambos fueron de apoyo en recursos humanos en el Senado.

En 2022 volvió a ser contratada por el Congreso hasta julio por ese mismo objetivo. Pero en septiembre, cuando Petro ya estaba en el poder, tuvo un nuevo contrato con el que su pago subió a cerca de 3,1 millones al mes para gestión de archivo.

En 2023, con Petro en la Presidencia, firmó tres contratos más con el Congreso. Sobre los contratos, la joven mencionó a la entonces senadora María José Pizarro y aseguró que ella sabía que llegaba recomendada por Petro. Dijo lo mismo del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque aclaró que nunca habló con él y que no cree que conociera la naturaleza de la relación.

En 2025 pasó a entidades del Gobierno Nacional. El 11 de junio inició un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por $18 millones, hasta el 10 de diciembre, para apoyo en el proceso de archivo y organización documental: 3 millones mensuales. El 29 de agosto, cuando aún estaba vigente ese contrato, comenzó otro con el Ministerio del Interior por $11,1 millones, hasta el 31 de diciembre, para apoyo en la Subdirección de Proyectos, unos $2,7 millones al mes. Durante cuatro meses tuvo dos contratos estatales al mismo tiempo.

El último registro es de este año: un nuevo contrato con el Ministerio del Interior, con el mismo objeto, por $30,4 millones. Va del 30 de enero al 31 de diciembre de 2026, es decir, unos 2,7 millones mensuales, y sigue vigente.

Cabe señalar que la existencia de los contratos no prueba, por sí sola, la versión de la joven sobre cómo los obtuvo. Esa es una de las preguntas que deberán resolver las autoridades.

El testimonio se conoce días después de que Carlos Ríos, director del Departamento de la Presidencia (Dapre), denunció en el Congreso la existencia de un grupo de mujeres que, según él, contrataron de forma irregular en el gobierno Petro.

“Las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPS (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo Ríos.

Además, el Instituto Anticorrupción radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara. La organización pide que determine si tiene competencia para investigar los hechos atribuidos al expresidente.

Anoche, el expresidente publicó un comunicado en el que negó haber cometido delitos y rechazó el centro de la denuncia: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

Petro sostuvo que, al no poder probar los señalamientos de corrupción y narcotráfico en su contra, sus contradictores ahora buscan indagar en su vida íntima. Aseguró, sin aportar pruebas, que esa operación sale del gobierno De la Espriella y que hay dinero de por medio. También defendió que ayudar a mujeres vulnerables con programas públicos es “algo muy distinto” a entregar contratos a cambio de sexo. No habló de los señalamientos sobre drogas ni de los contratos de Jiménez.