Fiscalía abrió noticia criminal por presuntas irregularidades en el Dapre y contratación de mujeres en el gobierno Petro

Publicado hace 3 horas Actualizado hace 40 minutos

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Crece la polémica por las presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro, luego de las denuncias públicas de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre posibles abusos de poder relacionados con la contratación de mujeres a cambio de presuntos beneficios.

Tras las revelaciones de la exfuncionaria, la Fiscalía abrió una noticia criminal para investigar los hechos y determinar si existen elementos que permitan establecer la posible comisión de delitos por parte del expresidente o de otros funcionarios.

La indagación, abierta inicialmente por el presunto delito de abuso de función pública, busca establecer si se habrían entregado contratos estatales a mujeres a cambio de algún tipo de beneficio. En esta investigación también se incluirían los señalamientos de Deyci Jiménez, la mujer que hizo graves acusaciones contra Petro en una entrevista con la revista Semana.

En este caso, la Fiscalía escuchará el testimonio de las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia; entre otros funcionarios y exfuncionarios de la misma entidad, y personas que podrían tener relación con lo conocido hasta el momento. Además, el ente acusador ordenó las respectivas actividades de policía judicial.

Jiménez afirma que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una página para adultos en la que ella trabajaba. Dice que, después de un primer encuentro, comenzó a recibir contratos que el entonces senador le ayudaba a conseguir.

Sostiene que esos contratos habrían sido una forma de pago por favores sexuales. Además, asegura que no habría sido la única mujer en esa situación. Habla de una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres, en su mayoría jóvenes, que recibían contratos estatales a cambio de acompañar al entonces mandatario a encuentros o fiestas.

En la entrevista, Jiménez también afirma que Petro le pedía conseguirle cocaína. Según su relato, él le entregaba el dinero, ella compraba la sustancia y luego se la llevaba.

Semana, además, publicó una serie de fotos que supuestamente corresponden a ropa, dinero y droga del expresidente; también publicó capturas de conversaciones que Jiménez aportó como prueba.

Se trata de mensajes intercambiados a través de perfiles de Facebook que, según la joven, eran cuentas falsas que el exmandatario usaba para comunicarse con ella. La atribución de esos perfiles a Petro se sostiene únicamente en el testimonio.

Las conversaciones muestran que ella envía su hoja de vida y le pregunta por avances en procesos de vinculación a entidades. “Acabo de conseguir un empleo que es de planta. Te dará más seguridad”, se lee en una de las respuestas de ese perfil. En otro mensaje dice: “Vas a una notaría”.

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Ante las denuncias, el exmandatario se defendió y aseguró que “nunca he cometido delitos en mi vida sexual”.

“El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier ser humano en Colombia. Por eso, nunca he utilizado en mis debates las situaciones sexuales o amorosas de mis rivales. A lo largo de mi trayectoria parlamentaria he adelantado debates cruciales para el país (…) Pienso que la vida íntima no es para exhibirla y que nadie tiene derecho a exponer la intimidad de otra persona, porque entonces la palabra libertad deja de tener sentido”, escribió Petro.

Lo que sí consta en registros públicos es la vinculación contractual de la joven con el Estado. Deyci Jiménez, quien es bachiller, ha tenido al menos una decena de trabajos con entidades estatales entre 2021 y 2026, según información del Portal Anticorrupción revisada por este medio.

Los primeros contratos de Deyci Jiménez con el Estado datan de 2021 y fueron con el Congreso. El primero, entre el 4 de agosto y el 15 de septiembre de ese año, fue por 2,7 millones de pesos. Un mes después firmó otro con la misma entidad, entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre, por unos 1,8 millones al mes. Ambos fueron de apoyo en recursos humanos en el Senado.

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En 2022 volvió a ser contratada por el Congreso hasta julio por ese mismo objetivo. Pero en septiembre, cuando Petro ya estaba en el poder, tuvo un nuevo contrato con el que su pago subió a cerca de 3,1 millones al mes para gestión de archivo.

En 2023, con Petro en la Presidencia, firmó tres contratos más con el Congreso. Sobre los contratos, la joven mencionó a la entonces senadora María José Pizarro y aseguró que ella sabía que llegaba recomendada por Petro. Dijo lo mismo del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque aclaró que nunca habló con él y que no cree que conociera la naturaleza de la relación.

En 2025 pasó a entidades del Gobierno Nacional. El 11 de junio inició un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por $18 millones, hasta el 10 de diciembre, para apoyo en el proceso de archivo y organización documental: 3 millones mensuales. El 29 de agosto, cuando aún estaba vigente ese contrato, comenzó otro con el Ministerio del Interior por $11,1 millones, hasta el 31 de diciembre, para apoyo en la Subdirección de Proyectos, unos $2,7 millones al mes. Durante cuatro meses tuvo dos contratos estatales al mismo tiempo.

El último registro es de este año: un nuevo contrato con el Ministerio del Interior, con el mismo objeto, por $30,4 millones. Va del 30 de enero al 31 de diciembre de 2026, es decir, unos 2,7 millones mensuales, y sigue vigente.

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Frente a esto, el Instituto Anticorrupción radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara. La organización pide que determine si tiene competencia para investigar los hechos atribuidos al expresidente.