Fin de la “paz total”: presidente De la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo

El gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro que, según el Ejecutivo, no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.

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“Se ha dado por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación”, señaló el Gobierno.

Entre los procesos que llegan a su fin están las mesas de negociación con disidencias de las Farc, como el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, cuyo cabecilla es alias Calarcá, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, comandada por alias Walter Mendoza.

También se cerraron las conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que supuestamente había mostrado voluntad de avanzar hacia la paz y entregó 585 artefactos explosivos. Esta estructura es comandada por alias HH.

A esto se suma el cierre de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); este se había suspendido desde enero de 2025.

La decisión supone así el cierre de los principales escenarios de diálogo que el gobierno de Petro había instalado con diferentes estructuras armadas en el marco de su apuesta por negociar simultáneamente con distintos grupos ilegales.

También se terminan los espacios sociojurídicos con bandas criminales. Por ejemplo, la conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Asimismo, con las bandas de Buenaventura, puntualmente con estructuras como Los Espartanos y Los Shottas. Entre las decisiones que tomó la Presidencia esta semana también se menciona el fin de las negociaciones con el Clan del Golfo, que se hacía llamar ‘Ejército Gaitanista de Colombia’.

Y, en Chocó, se cerró el diálogo con Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS; al igual que en Antioquia se hizo con alrededor de 17 bandas que operan en el Valle de Aburrá.

El Gobierno también anunció que se levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez (Putumayo), otro de los mecanismos heredados de la política de negociación de la administración anterior.

La nueva administración justificó la decisión bajo una premisa: no mantener escenarios institucionales que, según el Ejecutivo, puedan ser utilizados por grupos armados para prolongar sus actividades criminales, obtener beneficios procesales o evadir la justicia.

El Gobierno sostuvo que quienes tengan una voluntad real de abandonar las armas tendrán como camino el sometimiento a la justicia.

“Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública”, señaló el Ejecutivo.

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