Denuncian que al menos 150 funcionarios y 900 contratistas del Estado son voluntarios de campaña de Iván Cepeda

Las campañas de Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda cerraron el lunes pasado con discursos en plaza pública. Durante tres semanas, ambos candidatos recibieron apoyos políticos y sociales. En el caso de Cepeda, una investigación periodística detectó una irregularidad.

Un cruce de bases de datos realizado por La Silla Vacía encontró que al menos 1.050 personas vinculadas al Estado figuran en los registros de voluntarios de la campaña presidencial de Iván Cepeda. Según la revisión, se trata de cerca de 900 contratistas y 150 funcionarios que aparecen inscritos en la plataforma de apoyo electoral del candidato del Pacto Histórico.

Es importante resaltar que los contratistas no tienen una prohibición tácita, los funcionarios, sin embargo (es decir, 150) sí tienen restringida la participación en política.

Además, la cantidad de personas vinculadas al Estado que aparecen en la base de datos de voluntarios ha generado cuestionamientos sobre la relación entre estructuras gubernamentales y la campaña presidencial.

La investigación comparó los correos electrónicos registrados en Función Pública con los datos de la plataforma de voluntariado de la campaña, denominada Michi. De acuerdo con los hallazgos publicados por La Silla Vacía, los registros coinciden con personal activo en 217 entidades públicas de distintos niveles, desde ministerios hasta personerías municipales.

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Según explicó el equipo de Cepeda al medio, la base de datos reúne alrededor de 200.000 personas.

Allí aparecen tanto ciudadanos que se inscribieron directamente como personas provenientes de registros de los partidos que integran el Pacto Histórico y la denominada Alianza por la Vida, coalición que respalda la candidatura. La campaña sostuvo que la información se recopila mediante la aceptación voluntaria de términos y condiciones establecidos por cada organización política.

La plataforma permite a los inscritos indicar de qué manera desean participar en la campaña, ya sea como testigos electorales, colaboradores digitales, apoyos logísticos o facilitadores de transporte durante la jornada electoral.

También recopila información de contacto, ubicación geográfica, disponibilidad de tiempo y otras capacidades que pueden ser utilizadas para la organización de actividades políticas.

Del total de coincidencias identificadas, siete de cada diez corresponden a personas vinculadas a 75 entidades nacionales con presencia en todo el territorio.

Entre ellas destaca la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que concentra el mayor número de contratistas registrados. La entidad estuvo dirigida hasta hace pocas semanas por Felipe Harman, quien dejó el cargo para incorporarse a la campaña presidencial tras la primera vuelta electoral.

Además de la ANT, también aparecen funcionarios y contratistas de la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura. A nivel territorial, el análisis encontró personas vinculadas a 74 alcaldías, 15 gobernaciones, nueve universidades y seis hospitales.

Por departamentos, Casanare registra el mayor número de funcionarios y contratistas inscritos, seguido por Valle del Cauca y Boyacá.

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La campaña aseguró que las personas que participan en el voluntariado lo hacen por afinidad con sus propuestas políticas y, en el caso de la ANT, atribuyó la presencia de contratistas al respaldo de iniciativas relacionadas con la reforma agraria.

De los 1.051 registros que coincidieron con personas activas en Función Pública, 79 corresponden a funcionarios de entidades nacionales. De ellos, 76 ocupan cargos de nivel medio o bajo y tres desempeñan funciones directivas.

Entre los casos identificados figuran Magaly Cala, jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda; Sandra Milena Barrios, directora de la Unidad Administrativa Especial de la Junta Central de Contadores, y Dolcey Reales, director regional Caribe de Migración Colombia.

Tanto Cala como Barrios manifestaron que desconocían que sus datos estuvieran asociados a la plataforma de voluntarios. Barrios señaló que adelantará verificaciones para establecer el origen de la información y proteger sus datos personales, mientras que Reales no respondió a las consultas realizadas por el medio.

La revisión también encontró 71 servidores públicos de entidades territoriales distribuidos en 25 regiones del país, incluida Bogotá. Antioquia y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de registros.

La mayoría corresponde a docentes, técnicos, auxiliares administrativos, vigilantes, personal de servicios generales y profesionales universitarios. Dentro de ese grupo aparecen 13 profesores.

Asimismo, fueron identificados seis funcionarios con cargos directivos intermedios, entre ellos dos inspectores de Policía, un rector y tres secretarios de despacho vinculados a administraciones locales. El listado también incluye a un alcalde: Adrián Pabón Luna, mandatario de Almaguer, Cauca.

Frente a los casos de personas que aseguran desconocer su inscripción, la campaña sostuvo que algunos registros podrían provenir de bases de datos históricas de los partidos y movimientos políticos que integran la coalición.

Sobre el caso específico de Magaly Cala, indicó que su nombre aparecía en un listado asociado a Colombia Humana y que fue contactada para verificar una eventual participación en actividades de escrutinio, aunque finalmente no fue incorporada a esas tareas.

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