Tribunal ordena devolver Coosalud a sus dueños tras dos años de intervención

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 1 hora

bookmark

El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la intervención de Coosalud EPS y ordenó devolver la administración de la entidad a sus antiguos directivos. La medida había sido ordenada por el Gobierno de Gustavo Petro en noviembre de 2024, y prorrogada en ese mismo mes de 2025.

Para sustentar su petición, la defensa de la Cooperativa Coosalud aportó informes de organismos de control que advertían sobre el deterioro financiero, el aumento de quejas y tutelas, las barreras de acceso a los servicios de salud y los cambios frecuentes en la dirección de la entidad.

Tras la decisión, la entidad deberá ser entregada a Jaime Miguel González Montaño como representante legal presidente y Natalia Largo González como suplente. Estas personas la administraban antes de la intervención.

La determinación también incluye comunicar a la Contraloría y la Procuraduría para que ejerzan un acompañamiento y vigilancia administrativa, financiera y técnica sobre el funcionamiento de la EPS.

El Tribunal Administrativo de Bolívar ya había tomado la decisión en abril, pero no fue efectuada. Julián Quintana, abogado de Jaime González Montaño, aseguró en ese entonces que el proceso de entrega se habría detenido por instrucciones provenientes de la Superintendencia Nacional de Salud.

Quintana afirmó en ese momento que el interventor de la EPS les informó que había recibido una orden directa de no proceder con la devolución de la administración:

“El gobierno de Gustavo Petro se niega a entregar la EPS Coosalud. Estamos en Cartagena y el interventor nos ha comunicado que la Superintendencia de Salud le dio la instrucción de no entregar nada. Acudiremos a las instancias correspondientes para que cumplan la orden del honorable Tribunal”, señaló el abogado en su cuenta de X.

Le puede interesar: Coosalud va a pagar: anunció acuerdo con 13 IPS de Antioquia para la cancelación de más de $42.500 millones

Cabe recordar que el 5 de agosto de 2026, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al presidente Jaime González Montaño y a siete miembros de la junta directiva de Coosalud EPS, por posibles irregularidades relacionadas con operaciones financieras prohibidas por la regulación en salud, según informó el ente de control.

La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública busca establecer, según comunicó la Procuraduría, si los servidores vinculados al proceso incurrieron durante la vigencia 2024 en irregularidades en pagos a terceros, una posible concentración de la dispersión de recursos destinados a este rubro y en un contrato de coworking.

Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar, entonces, saber qué pasó, determinar si hubo alguna infracción y analizar si hubo justificación. Pero, por el momento, no ha tomado una decisión con respecto a los involucrados.

Bloque de preguntas frecuentes