Ocho capturados y $508 millones incautados por minería ilegal en Antioquia: así operaba el clan familiar

Ocho personas, cuatro mujeres y cuatro hombres, fueron capturadas y judicializadas por su presunta participación en una estructura familiar dedicada a la explotación ilícita de oro en los municipios de El Bagre y Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño.

La Fiscalía General de la Nación informó que la red habría desarrollado estas actividades desde 2024 en la ronda del río Nechí, mediante el uso de maquinaria pesada, cuatro dragas tipo brasileño y mercurio, sin contar con título minero ni licencia ambiental.

La investigación permitió establecer que los implicados presuntamente cumplían diferentes funciones dentro de la estructura, desde la coordinación de las operaciones de extracción hasta las labores administrativas, financieras, logísticas y de comercialización del oro. Los procedimientos de captura fueron realizados por unidades de la Policía Nacional en Caucasia y El Bagre, donde también se incautaron $508 millones en efectivo, 695 gramos de oro, 152,54 gramos de platino, cinco teléfonos celulares y documentos que serán analizados por los investigadores.

De acuerdo con la Fiscalía, el oro decomisado fue avaluado en más de $284 millones. Los elementos encontrados quedaron a disposición de las autoridades para establecer su procedencia y determinar si existen otras personas vinculadas con las actividades investigadas.

Uno de los avances de la investigación fue la identificación de los presuntos responsables y las funciones que cada uno habría desempeñado dentro de la estructura. Para establecer su participación, las autoridades adelantaron tres operativos en terreno, interceptaciones telefónicas y labores de seguimiento, entre otras actividades de policía judicial.

Según la Fiscalía, Alexander Villalba Martínez sería el cabecilla y principal articulador de la organización. Entre tanto, José Alfredo Villalba Martínez estaría encargado de operar las dragas utilizadas para extraer el mineral.

Las autoridades también identificaron a otras personas que presuntamente cumplían funciones administrativas y operativas:

-María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero: estarían encargadas de las labores administrativas, financieras y logísticas.

-Andrea Catalina Castañeda Correa: presuntamente definía el uso y la destinación de las máquinas utilizadas para la extracción de oro.

-Jhon Hever Soto Flórez: sería el administrador de una mina a cielo abierto ubicada en Jardín de Tamaná, Antioquia.

-Angie Paola Agudelo: habría desempeñado funciones como secretaria de la red.

-Maicol Álvarez Caicedo: presuntamente compraba y comercializaba el oro obtenido de manera ilícita.

La Fiscalía busca establecer las responsabilidades individuales de los ocho procesados y determinar el alcance de las actividades que se habrían desarrollado durante los últimos años en esta zona del departamento.

Además de las capturas y las incautaciones, la investigación identificó posibles consecuencias ambientales derivadas de la explotación ilícita de oro. Según el análisis realizado por la autoridad ambiental, las actividades mineras habrían ocasionado afectaciones en una amplia zona del Bajo Cauca antioqueño.

Entre los impactos identificados se encuentran:

-Pérdida de cobertura vegetal en las zonas intervenidas por las actividades de extracción.

-Procesos de erosión asociados a la remoción y alteración del suelo.

-Formación de depósitos artificiales de agua como consecuencia de las intervenciones en el terreno.

-Transporte de sedimentos hacia el río Cauca, relacionado con las actividades de explotación minera.

El uso de cuatro dragas tipo brasileño, maquinaria pesada y mercurio también hace parte de los elementos identificados durante las investigaciones. Estos recursos habrían sido empleados para extraer y procesar el oro sin los permisos correspondientes.

La presencia de mercurio en los procesos de extracción es uno de los aspectos que las autoridades tienen en cuenta dentro de la investigación por sus posibles efectos sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas. En este caso, el análisis ambiental documentó alteraciones en el suelo, la vegetación y el transporte de sedimentos hacia el río Cauca.

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Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los ocho investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, cinco delitos relacionados con las actividades que habrían desarrollado.

Los procesados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero e hidrocarburos, daño a los recursos naturales y ecocidio, y lavado de activos.

La Fiscalía señaló que la investigación busca establecer tanto la participación de los procesados en la extracción ilegal de minerales como las posibles operaciones económicas relacionadas con los recursos obtenidos de esa actividad.

En cuanto a las decisiones judiciales, un juez promiscuo municipal de El Bagre impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a seis de los procesados.

Las otras dos personas, Andrea Catalina Castañeda Correa y María Isabel Villalba Martínez, permanecerán privadas de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.

Con estas decisiones, los ocho investigados quedan vinculados al proceso penal mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer las responsabilidades por la presunta explotación ilícita de oro y las afectaciones ambientales registradas en el Bajo Cauca antioqueño.

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