«Copresidencia» no protege a Murillo de sanciones internacionales, revela Suiza

“Rosario Murillo sigue figurando en la lista y está sujeta tanto a las sanciones financieras previstas como a la prohibición de entrada y tránsito por el país”, ratificó Françoise Tschanz, portavoz del Departamento Federal de Economía de la Confederación Suiza, en respuesta a una consulta del medio nicaragüense Despacho 505 a la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO).

Las sanciones persisten incluso tras ser Murillo elevada formalmente a “copresidente” de Nicaragua junto a Daniel Ortega mediante un proceso de reforma estructural aprobado por la Asamblea Nacional, bajo control del Frente Sandinista, en 2025. La confirmación fue publicada el martes, 27 de octubre.

La confirmación implica que el cambio de estatus de Murillo dentro de la estructura del Estado nicaragüense no invalida o impide a otros poderes de ejercer presión en su contra, como pudiera esperarse de un jefe de Estado. Las medidas incluyen el bloqueo de fondos y recursos económicos, así como restricciones de viaje.

Analistas nicaragüenses interpretaron la elevación de Murillo a “copresidenta”, una figura sin precedente en la historia de Nicaragua, como una forma de blindar su posición dentro del régimen tanto a efectos del balance de poder interno como la coyuntura internacional. También fue percibida como una formalización de su control sobre el régimen, que ya era patente.

El esquema de sanciones del gobierno suizo, a diferencia del que ha utilizado la Unión Europea (UE) contra el régimen sandinista, no requiere de renovación anual, ya que no posee fecha fija de vencimiento. Las sanciones fueron extendidas en 2020, en respuesta al deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho por el actuar de la dictadura.

A principios de octubre, la UE extendió por un año más las sanciones contra Murillo y otros 20 funcionarios nicaragüenses, además de tres instituciones: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).

Entre los sancionados figuran además los hijos de la pareja dictatorial: Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, así como varios funcionarios policiales, electorales y otros integrantes de las estructuras estatales.

Las restricciones europeas incluyen la congelación de activos y la prohibición de que los sancionados entren o transiten por el territorio de los países miembros. También prohíben poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.