Costa Rica ejecuta otro golpe contra la minería ilegal de origen nicaragüense

Un operativo policial contra actividades de minería ilegal dejó un decomiso de 300 sacos con sedimento aurífero en en el cerro Conchuditas, cantón de San Carlos, Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua, el fin de semana del 20 al 22 de marzo, según informaron las autoridades costarricenses.

La misión la ejecutó una coalición de unidades policiales, incluyendo al Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección Regional de la Frontera y equipos de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública, bajo la coordinación del viceministro de Seguridad Pública, Erick Lacayo Rojas.

Se trató de una operación de seguimiento como parte de la estrategia de repulsión a las operaciones de minería ilegal en la zona. Según las autoridades, los agentes pudieron intervenir estructuras improvisadas y decomisar material utilizado en el procesamiento del mineral.

Herramientas y componentes empleados para la construcción de pilas de cianuro, un método altamente contaminante, fueron confiscadas. Estas eran utilizadas por redes de crimen organizado que operan en la frontera con Nicaragua y están vinculadas con empresarios chinos, beneficiados por la dictadura que gobierna en ese país.

A mediados de febrero, tras una extensa investigación y varios operativos en las zonas fronterizas del norte de Costa Rica, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, denunció que empresas de capital chino operando desde Nicaragua han estado fomentando la minería ilegal en Costa Rica y beneficiándose de la misma.

El sedimento obtenido ilegalmente de estas operaciones, dijo entonces Zamora, es comprado por “empresas asiáticas”, que luego señaló directamente como chinas, operando “del otro lado del río San Juan”, es decir, bajo el amparo de las amplias concesiones para minería que la dictadura sandinista en Nicaragua ha otorgado al capital chino.

Operativos como el ejecutado el fin de semana llevan ocurriendo desde finales de febrero como parte de una estrategia de la administración saliente del presidente Rodrigo Chaves, quien ha abogado por la legalización de la minería a cielo abierto en las zonas fronterizas para el mayor aprovechamiento de los recursos naturales del país y para que la actividad legal desplace al crimen organizado.

Es probable que Laura Fernández, quien sucederá a Chaves en la presidencia el 8 de mayo y con una amplia mayoría parlamentaria, sea capaz de lograr la legalización.