Costa Rica acusa a empresas chinas operando en Nicaragua

El ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora, denunció ante la Asamblea Legislativa de su país las operaciones ilegales de empresas de capital chino que desde Nicaragua adquieren sedimentos producidos por la minería ilegal en territorio costarricense.

Según el ministro, estas empresas han propiciado, y se han beneficiado en consecuencia, de un incremento del 200% de las operaciones de extracción ilegal en el área de Crucitas y Las Conchuditas, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, según un informe oficial.

Es decir que, de las aproximadamente 900 hectáreas afectadas por la minería ilegal en esa región en años anteriores, las autoridades costarricenses estiman ahora unas 3 mil hectáreas comprometidas. De ahí que Zamora viene promoviendo la aprobación de una ley impulsada por el gobierno del presidente saliente, Rodrigo Chaves.

Dicha ley legalizaría la minería a cielo abierto en las regiones afectadas en un intento de que la formalización desplace a la explotación ilegal, ejecutada en gran medida por “el crimen organizado transnacional“, incluyendo a cárteles vinculados con la dictadura de Venezuela.

La legalización beneficiaría además a las arcas del Estado y a la economía costarricense, según plantea el oficialismo, mientras que “en este momento hay empresas asiáticas, del otro lado del río San Juan, comprando esos sacos de tierra y su técnica extractiva permite extraer hasta el 95 por ciento del oro que hay en ese saco“, agregó el funcionario.

Cuando un legislador le preguntó la procedencia de las empresas, Zamora respondió simplemente: “China“.

Nicaragua: refugio de contrabandistas

Las bases de operación se encuentran “en territorio nicaragüense, lo que hace que cuando se extrae un saco de sedimento, un buen coligallero, con mercurio o cianuro, podría sacar del 15 al 20 por ciento del oro que hay en ese saco“, indicó el funcionario.

“Este fenómeno afecta no solo la soberanía ecológica de nuestro país, sino la soberanía en términos generales de nuestra nación, ya que el 90% de los coligalleros son ciudadanos extranjeros, esencialmente nicaragüenses que cruzan la frontera para participar en este ilícito“, declaró Zamora el lunes, 16 de febrero.

Asimismo, Zamora especificó que “no hay comunicación formal entre las autoridades de ambos países” y que infería que las autoridades nicaragüenses temían incluso perseguir estas operaciones ilegales.

El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha beneficiado a las empresas chinas señaladas por Zamora con concesiones mineras que se extienden por decenas de miles de hectáreas desde restablecidas las relaciones con la China comunista en 2021.

Alteran fronteras

Al momento de presentar el informe, las autoridades costarricenses habían decomisado alrededor de 3 mil sacos de sedimento aurífero equivalentes a unas 150 toneladas por cada uno en promedio pesar los 50 kilogramos. De modo que Costa Rica habría perdido, de no haberse decomisado la mercancía, al menos 800 toneladas de sedimento del que se podía extraer oro.

Estas operaciones incluso llegan a destruir o alterar “los mojones que definen la frontera entre Costa Rica y Nicaragua” con la intención de “poder escapar de mejor manera cada vez que sienten la presencia de patrullaje de la fuerza pública en el sector“.

En concreto señaló que los mojones III, VIII, X y XI “son inexistentes, han sido alterados, sacados de su sitio de ubicación oficial y destruidos, presumiblemente”, solicitando al Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica asistencia para reubicar las demarcaciones bajo protección policial.

Según Zamora, esta situación afecta distintas áreas de la convivencia en las regiones fronterizas, convergiendo en la minería ilegal distintas operaciones ilícitas que llevan a afectaciones directas a la salud pública, narcotráfico, inseguridad, disputas entre ciudadanos privados, riñas, tráfico de personas, explotación laboral y migración irregular.

Para combatir esta situación, el Ministerio de Seguridad ha dedicado mensualmente un promedio de un millón de dólares. Además, 200 miembros de la Fuerza Pública han logrado destruir 114 túneles utilizados para la extracción ilegal, deteniendo a unas 125 personas y decomisando sus herrramientas de trabajo y mercancía.