Condenan a Hospital en Envigado, Antioquia, por una inyección mal aplicada a un niño
- Colombia
- noviembre 10, 2026
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El Consejo de Estado dirimió hace poco un asunto ocurrido hace 20 años y que, según la sentencia, busca resarcir el daño sufrido a un pequeño por una mala praxis médica.
Según el documento judicial, el 9 de junio de 2008, un pequeño en ese entonces de cuatro años de edad acudió al servicio de urgencias de la Clínica de la Policía Nacional en Envigado, Antioquia, por un cuadro de fiebre y dolor articular generalizado.
Estando allí, al pequeño se le diagnosticó una infección aguda en las vías respiratorias superiores por lo que una auxiliar de enfermería le aplicó una inyección de dipirona sódica en su cadera. Inmediatamente después de la punción, el menor manifestó intenso dolor toda vez que presentó una lesión del nervio ciático derecho a raíz de la inyección.
Esta intervención le causó secuelas permanentes como dolores del nervio ciático, cojera y una pérdida de la capacidad laboral evaluada, entre otras afectaciones, tal como lo dictaminó Medicina Legalen 2010.
Además, el dolor severo requirió la administración prolongada de analgésicos opiáceos como tramadol y morfina, lo que le generó dependencia física a los medicamentos, trastornos de ansiedad, depresión severa e intentos de suicidio, según corroboraron peritos médicos en 2014
Ante esta situación, los padres del menor, quienes tuvieron que hacer grandes sacrificios para atender al menor, interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, indicando que la Clínica incurrió en una falla probada del servicio médico. Adicionalmente, denunciaron una falla por la demora diagnóstica y asistencial, pues transcurrieron casi tres meses entre la inyección y la confirmación de la lesión.
Por ello, solicitaron el pago de perjuicios morales para la víctima, pero también para su grupo familiar –incluyendo hermanas y abuela– el reconocimiento del daño a la salud, el lucro cesante por la pérdida de la capacidad laboral del menor y los ingresos cesantes de los padres, así como el daño emergente por los gastos médicos y la afectación del patrimonio familiar.
Luego de 20 años de estar en los estrados, el caso llegó hasta el Consejo de Estado quien escuchó los argumentos de cada parte. En su defensa, la Policía –quien administra esta clínica– se opuso a todas las pretensiones del afectado y su familia alegando que la atención prestada en urgencias y el seguimiento posterior fueron oportunos, diligentes y acordes a la norma.
La Policía también argumentó la existencia de una culpa de la madre del menor, sosteniendo que el descontrol y las complicaciones obedecieron al presunto incumplimiento de la madre en la administración de las dosis indicadas.
La entidad también allegó un concepto del grupo médico interdisciplinario de abril de 2009 para sostener que el menor presentaba signos de reinervación y que no registraba deficiencia motora. La Policía también alegó caducidad de la acción frente a la demanda y a las pretensiones adicionales.
El Consejo de Estado desestimó la caducidad alegada por la Policía, constatando que las solicitudes de conciliación prejudicial suspendieron oportunamente los términos procesales de la demanda interpuesta por los familiares del menor.
Además el Consejo de Estado precisó que el daño a la salud desplaza y absorbe las categorías de daño a la vida de relación en casos de lesiones psicofísicas. El Tribunal concluyó que la falla del servicio quedó plenamente demostrada mediante elementos contundentes como la desvinculación de la auxiliar de enfermería y la adopción de “medidas correctivas” en el servicio.
También la historia clínica del menor de edad en la que el personal médico registró expresamente “lesión en nervio ciático por mal procedimiento de enfermería”. Y también se tuvieron en cuenta los dictámenes periciales de la Universidad CES que confirmaron que la punción se aplicó fuera del cuadrante superior externo del glúteo, única zona anatómicamente segura.
El juez desestimó que la madre hubiera provocado el daño, aclarando que las variaciones en el suministro de fármacos no derivaron de descuido materno sino del dolor neuropático severo y la dependencia a opiáceos provocada por la misma lesión.
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado confirmó la responsabilidad patrimonial del Estado y ordenó que al niño afectado y a la familia de este menor –incluyendo a sus hermanas y a su abuela– se les indemnizara con cerca de $300 millones, a raíz de los perjuicios causados por la mala praxis médica.
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