La segunda vida política de Luis Alfonso Hoyos: la CIDH pide levantar la inhabilidad que lo sancionó hace 25 años

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 30 minutos

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Luis Alfonso Hoyos Aristizábal estaba en plena carrera por convertirse en gobernador de Caldas cuando una decisión del Consejo de Estado cambió de manera definitiva su futuro político. En 2001, el dirigente caldense buscaba dar el salto del Congreso a la administración departamental, después de haber ocupado una curul en el Senado y construido una trayectoria política que lo había convertido en una figura reconocida en la región. Pero sus aspiraciones se encontraron con una sanción de pérdida de su investidura como senador y una inhabilidad permanente para aspirar a cargos de elección popular.

La decisión del Consejo de Estado se produjo el 8 de agosto de 2001 al encontrarlo responsable en una indebida destinación de dineros públicos. La corporación encontró que Martha Cecilia Muñoz, una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, estuvo varios meses en Nueva York mientras continuaba recibiendo su salario. En ese caso, Hoyos autorizó que continuara recibiendo su salario mientras desempeñaba sus funciones desde el exterior, sin contar con la aprobación previa de la Junta de Personal del Senado, requisito que el Consejo de Estado consideró necesario.

El exsenador siempre cuestionó esa decisión. Su defensa sostuvo que la funcionaria sí había cumplido con las labores para las que fue contratada y que no hubo apropiación de recursos públicos. De hecho, en marzo de 2004, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación penal relacionada con esos mismos hechos, al considerar que Hoyos estaba facultado para enviar a una integrante de su unidad legislativa a cumplir funciones en el exterior.

Pese a eso, la pérdida de investidura fue confirmada por el Consejo de Estado en 2006. Así comenzó una batalla jurídica que terminaría 25 años después con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado colombiano vulneró sus derechos y recomendó dejar sin efecto la inhabilidad permanente que le impide volver a aspirar a un cargo de elección popular.

Cuando fue sancionado, Hoyos tenía una carrera política que había comenzado temprano. A los 24 años llegó a la Presidencia del Concejo de Pensilvania, su municipio natal; en 1991 alcanzó una curul en la Cámara de Representantes y, tres años después, llegó al Senado de la República. También había construido una alianza política con Óscar Iván Zuluaga, con quien compartía escenario en la política caldense.

No estuvo exento de otras polémicas, la Fiscalía lo acusó de ser el supuesto autor intelectual de las ‘chuzadas’ al equipo negociador en el proceso de paz en la Habana (Cuba) que realizó el hacker Andrés Sepúlveda. En este caso, un juez lo absolvió al considerar que los fiscales no expusieron la evidencia suficiente para demostrar la participación de Hoyos en las actividades ilegales del hacker Sepúlveda.

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La decisión provocó reacciones de celebración entre dirigentes y figuras cercanas al uribismo. Una de las primeras en pronunciarse fue la exsenadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien expresó su alegría por el resultado del proceso y se refirió al impacto que tuvo la sanción sobre el excongresista.

“Me alegra mucho. Tanta injusticia y sufrimiento ha tenido Luis Alfonso Hoyos”, escribió en sus redes sociales.

Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior, cuestionó el tiempo que tardó el organismo internacional en notificar el informe al Gobierno colombiano. “Como me alegra esta reivindicación de Luis Alfonso Hoyos. Otra de las dolorosas injusticias por la politización de la justicia. Increíble que la espera de 24 años no fuera suficiente. ¿Por qué la demora de 13 meses para notificarla?”, manifestó.

”Qué alegría por Luis Alfonso Hoyos, una luz de esperanza para él y su familia ante tantas infamias que ha vivido”, escribió Kevin Cárdenas Triana.

Ahora, el Estado colombiano tiene dos meses, contados desde la notificación del informe el 9 de noviembre de 2026, para informar a la Comisión sobre las medidas que adoptará frente a las recomendaciones.