El rastro de ‘Baco’ en Medellín: el neerlandés por cuya libertad habrían pactado $1.200 millones
- Colombia
- octubre 31, 2026
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La ruta de la cocaína que salía de Sudamérica rumbo a Europa, los contenedores de frutas utilizados presuntamente para ocultar cargamentos de droga, las comunicaciones cifradas y hasta un negocio de parqueaderos en Envigado hacen parte de los antecedentes que rodean a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort.
Conocido por los alias de ‘Marcus’ y ‘Baco’, este ciudadano neerlandés es requerido por las autoridades de su país por una investigación de narcotráfico que terminó cruzándose con uno de los mayores escándalos recientes de corrupción judicial en Colombia.
Su nombre está detrás de la captura de una jueza, un funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y una abogada, señalados por la Fiscalía de participar en un presunto acuerdo para conseguir que recuperara la libertad.
El precio que, según el ente acusador, se habría pactado para torcer el camino de una decisión judicial fue de $1.200 millones. De esa suma, las autoridades investigan un primer desembolso de $600 millones.
Van der Voort permanecía detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, desde febrero de 2026, mientras avanzaba el procedimiento para su extradición a Países Bajos.
Tenía una notificación roja de Interpol y, de acuerdo con los antecedentes divulgados sobre el caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había emitido concepto favorable a su entrega.
Sin embargo, una acción de hábeas corpus cambió momentáneamente el rumbo de su situación jurídica y abrió la puerta a una investigación por presunta corrupción dentro de la Rama Judicial.
La ruta de la cocaína y los contenedores de frutas
Van der Voort residía en Medellín desde 2016. Su nombre aparece en expedientes de las autoridades neerlandesas que investigan una presunta organización dedicada a coordinar envíos de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia distintos puertos europeos.
Según los antecedentes judiciales divulgados sobre la investigación, la estructura habría utilizado contenedores de productos agrícolas, especialmente frutas, para camuflar los cargamentos de estupefacientes y facilitar su salida hacia el mercado internacional.
Las indagaciones ubican parte de esa operación logística en Medellín y Cali. Desde estas ciudades se habrían coordinado contactos y movimientos para el transporte de la droga, mientras Ecuador aparece como uno de los puntos de salida de las mercancías contaminadas con cocaína.
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Se trata de una operación con conexiones internacionales que habría aprovechado el comercio legal de productos agrícolas para intentar ocultar el tráfico de estupefacientes.
La investigación habría tomado fuerza en 2025, a partir del análisis de comunicaciones cifradas utilizadas por personas relacionadas con la presunta organización.
Los registros fueron examinados para establecer vínculos, contactos y posibles responsabilidades dentro de la estructura. Ese material también habría llevado a los investigadores a revisar otras actividades atribuidas a personas relacionadas con la red.
Entre los antecedentes aparecen indagaciones por posibles fraudes y extorsiones relacionados con Kinky.nl, una plataforma de anuncios de servicios para adultos con presencia en Países Bajos y Bélgica.
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Los reportes sobre el caso también mencionan posibles preparativos de secuestros que habrían sido objeto de investigación en territorio neerlandés.
El expediente que lo rodea no se limita, por tanto, a los movimientos de cocaína. Los investigadores también habrían seguido el rastro de actividades comerciales y financieras que podrían haber servido para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Un parqueadero en Envigado y negocios con vehículos de alta gama
Durante su permanencia en Antioquia, el ciudadano neerlandés desarrolló actividades empresariales. En agosto de 2019 constituyó un establecimiento de comercio denominado Rotterdam, un parqueadero ubicado en Envigado, en el sur del Valle de Aburrá.
Según la información mercantil divulgada sobre el negocio, este comenzó con un capital de $2,5 millones. Para 2023, habría reportado ingresos cercanos a los $310 millones. La actividad comercial incluía operaciones relacionadas con vehículos, entre ellos automotores de alta gama.
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Ese crecimiento también llamó la atención dentro de los antecedentes que rodean al extranjero. Las investigaciones de la Fiscalía, reveladas en audiencias, plantean que algunas de esas operaciones comerciales pudieron utilizarse para mover recursos vinculados con actividades ilícitas.
Van der Voort también contrajo matrimonio con una colombiana vinculada a un establecimiento comercial identificado en documentos de la investigación como Lotus Spa 010. Los antecedentes divulgados señalan que la mujer inició posteriormente un trámite de separación matrimonial, luego de la captura del neerlandés.
Tres intentos de hábeas corpus y un acuerdo bajo sospecha
El procedimiento de extradición de Van der Voort tuvo un giro el 13 de junio de 2026, cuando la jueza Miryam Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, concedió un hábeas corpus y ordenó su libertad inmediata.
No era la primera vez que la defensa del neerlandés acudía a ese mecanismo constitucional para intentar sacarlo de prisión. Antes de la decisión de Martínez López, dos solicitudes habían sido rechazadas por otros despachos: una por el Juzgado 47 Penal del Circuito y otra por el Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá.
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Ambas terminaron con decisiones desfavorables, según expuso la Fiscalía durante las audiencias de imputación. La hipótesis del ente acusador es que, después de esos rechazos, la abogada Emperatriz Herrera Cuenca habría intervenido para conseguir una nueva oportunidad.
Para ello, presuntamente contactó a la jueza Martínez López y a Waldo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales, con el propósito de que la solicitud llegara al despacho que debía resolverla.
La Fiscalía ubicó uno de los encuentros clave el 4 de junio de 2026, en las instalaciones judiciales de Paloquemao. Según la acusación, Herrera Cuenca se reunió con la jueza y durante ese encuentro habría sostenido una comunicación con Van der Voort para tratar el trámite que buscaba su libertad.
Pero la investigación también apunta a un movimiento previo: el supuesto pago para asegurar que el recurso fuera asignado al despacho indicado.
La Fiscalía sostiene que el acuerdo habría alcanzado los $1.200 millones y que se habría entregado un primer monto de $600 millones.
Durante las audiencias, la fiscal presentó fotografías en las que se observan paquetes de dinero y billetes de $100.000.
Según su exposición, las imágenes corresponderían al primer desembolso y estarían relacionadas con conversaciones entre la abogada y el funcionario judicial.
Los investigadores también señalaron que el dinero habría sido entregado en el centro comercial Mall Plaza, en Bogotá, por personas cercanas al neerlandés.
A ese material se suman registros de comunicaciones que, para la Fiscalía, permitirían reconstruir las gestiones para direccionar el reparto.
En uno de los audios presentados durante la diligencia, una voz atribuida a Herrera Cuenca afirma: “Yo ya pagué el reparto, yo lo pagué de mi bolsillo”.
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En la misma conversación menciona a la jueza del Juzgado 77 Penal y asegura que esta ya había realizado la gestión. La Fiscalía también expuso que, al día siguiente del supuesto pago, Martínez López habría enviado a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos de Van der Voort.
Para los investigadores, ese elemento constituiría un indicio de que el acuerdo estaba en marcha. El funcionario judicial, según la hipótesis de la Fiscalía, habría facilitado que el hábeas corpus fuera presentado durante un fin de semana en el que Martínez López estuviera de turno.
La modificación del turno habría permitido que el recurso llegara directamente a ese despacho, en lugar de ser asignado a otro juzgado. Finalmente, el 13 de junio la jueza concedió el amparo.
Su argumento fue que habían transcurrido 109 días desde la captura del ciudadano neerlandés sin que se resolviera el trámite de extradición, un plazo que consideró superior al límite de 60 días que estimó aplicable.
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También cuestionó aspectos del expediente remitido a la Corte Suprema de Justicia. Para la Fiscalía, sin embargo, Martínez López no tenía competencia para resolver la solicitud y su decisión habría sido manifiestamente contraria a la ley.
El Juzgado 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó posteriormente el hábeas corpus y dejó sin efectos la orden de libertad. Así, Van der Voort continuó detenido mientras avanzaba el procedimiento de extradición.
Las pesquisas terminaron con la captura de Miryam Alcira Martínez López, Waldo Garavito Mejía y Emperatriz Herrera Cuenca, en procedimientos adelantados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota, Cundinamarca, el 27 de octubre de 2026.
La Fiscalía les imputó los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A la jueza también le atribuyó prevaricato por acción, por la decisión mediante la cual concedió el hábeas corpus. Ninguno aceptó los cargos. Durante la audiencia, Martínez López rechazó los señalamientos y defendió su actuación como jueza.
“Tenemos un deber, sí, pero también estamos expuestos a que esa firma que damos como juez nos conlleve posibles investigaciones penales y disciplinarias y la privación de la libertad”, manifestó.
La funcionaria sostuvo que ha procurado ejercer una recta administración de justicia y cuestionó que, durante el fin de semana en que resolvió el recurso, no habría recibido oportunamente una respuesta de un funcionario de la Corte Suprema que, según su explicación, necesitaba para tomar una decisión.
La jueza también pidió que, en caso de que se ordenara una medida de aseguramiento, esta pudiera cumplirse en su residencia. Argumentó que el riesgo procesal señalado por la Fiscalía se sustentaba en actuaciones atribuidas a la abogada y no en conductas propias.
El expediente actual tiene, además, un antecedente en la trayectoria de Martínez López. En marzo de 2018, la funcionaria dejó en libertad a Pedro Aguilar, exdirigente camionero investigado por el denominado cartel de la chatarrización.
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Esa decisión dio lugar a una investigación disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que posteriormente terminó sin declaración de responsabilidad para la jueza. Aguilar recibió después una condena de 10 años de prisión.
Ahora, el foco de la investigación está puesto en establecer si la libertad que obtuvo temporalmente Van der Voort fue el resultado de una decisión judicial o de un entramado de pagos, contactos y maniobras para poner el recurso en manos de una funcionaria específica. Mientras tanto, el ciudadano neerlandés continúa detenido en Colombia, a la espera de que se concrete su extradición a Países Bajos.
Preguntas y respuestas
- ¿Quién es alias Baco o Marcus?
- Se trata de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, un ciudadano neerlandés requerido por las autoridades de Países Bajos por una investigación transnacional de narcotráfico. Residía en Medellín desde 2016 y permanecía detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanzaba su proceso de extradición.
- ¿Por qué la Fiscalía investiga un supuesto pago de $1.200 millones para dejarlo en libertad?
- Porque el ente acusador sostiene que habría existido un acuerdo entre una abogada, una jueza y un funcionario judicial para conseguir que Van der Voort recuperara la libertad mediante un hábeas corpus. La suma presuntamente pactada habría sido de $1.200 millones, de los cuales se habría entregado un primer desembolso de $600 millones.
- ¿De qué delitos relacionados con narcotráfico es señalado alias Baco?
- Las autoridades neerlandesas lo requieren por una investigación sobre una presunta organización que habría coordinado envíos de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Europa. La estructura supuestamente utilizaba contenedores de productos agrícolas, especialmente frutas, para ocultar los cargamentos de droga.
- ¿Cómo habría operado la red de narcotráfico a la que estaría vinculado?
- Según los antecedentes de la investigación, desde ciudades como Medellín y Cali se habrían coordinado contactos y movimientos para transportar cocaína hacia puertos europeos. Ecuador también habría sido utilizado como punto de salida de mercancías contaminadas con estupefacientes. Los investigadores analizaron comunicaciones cifradas para establecer posibles vínculos y responsabilidades.
