Alirio Barrera, bajo investigación de la Corte Suprema por presunto abuso sexual

La historia se remonta a una tarde en Yopal, cuando una joven funcionaria, que en ese momento no alcanzaba los veinte años, acudió al despacho de Barrera para solicitar apoyo para un evento de juventudes cristianas. Al ingresar, se le retiró su teléfono celular, una medida de seguridad que, años después, ella describiría como el primer obstáculo para documentar lo que estaba por ocurrir.

Según el testimonio, el encuentro oficial se tornó en una agresión en cuestión de segundos. La denunciante relató el momento exacto del hecho.

“Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó”, dijo en entrevista con Cambio.

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Tras el presunto ataque, la mujer confrontó al entonces gobernador preguntándole por su familia y las razones de su conducta. De acuerdo con su declaración, la respuesta de Barrera fue el silencio y la entrega de 400.000 pesos para las ayudas de la iglesia que había solicitado inicialmente.

La víctima asegura que salió del lugar “pálida y temblando”, y por el miedo sepultó la denuncia durante casi una década, esto debido al poder político que tendría el gobernador. Manifestó que cuando terminara su periodo como mandatario sería el momento ideal para denunciar, pero con el paso de los años “no ha hecho más que escalar”, así lo contó, “en diez años lo que ha hecho es escalar, a senador y otra vez senador. Yo no podía seguir callada”, explicó.

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La investigación avanza en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, mientras la Corte está en la etapa inicial del proceso, el senador tendrá que rendir versión en una audiencia que se programará en los próximos días.

Desde su equipo, aseguran que los hechos no ocurrieron y que todo obedece a intereses políticos. Se trata de “una estrategia política destinada a perjudicar el nombre y la honra” del congresista, señalaron sus colaboradores, quienes además sostienen que detrás de la denuncia habría motivaciones ligadas a actores vinculados actualmente a la Gobernación de Casanare.

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