Primeras condenas por la desaparición de Andrés Camilo Peláez llegan cuatro años después: “Uno recibe esto con decepción”

Publicado 22 de octubre de 2026 Actualizado 22 de octubre de 2026

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Después de más de cuatro años de espera, este miércoles 21 de octubre se dictaron las primeras sentencias por la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes.

Alias El Cabo y alias Se Lo Juro recibieron una “sanción pedagógica” de cinco años de internamiento, porque eran menores de edad cuando ocurrió el crimen y los cobijó la Ley de Infancia y Adolescencia. Para su madre, Claudia Yepes, es un primer paso que sabe a poco.

La juez promiscuo de familia de Ituango leyó la decisión en una audiencia virtual. Los condenados son Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo, y Juan Diego Echavarría Arango, alias Se Lo Juro. Ambos aceptaron cargos por desaparición forzada agravada y, según la Fiscalía, hacían parte de la banda El Mesa. Hoy tienen 21 y 22 años.

Entérese: “Quiero encontrar a Camilo como esté, ha sido un tiempo demasiado largo”

Para Claudia Yepes, que cumple 1.662 días de ausencia de su hijo, la sanción fue un golpe. “Uno recibe esto con decepción”, dijo. A su juicio, los jóvenes actuaron plenamente conscientes de lo que hacían. Pero aclaró que la responsabilidad de revisar las sanciones para menores son los jueces y debe ser el Congreso el que revise una reforma a la Ley 1098 de 2006, que regula el sistema para adolescentes.

Otros tres procesados deberán responder ante la justicia ordinaria por la desaparición forzada: alias 300 (Weimar Alexander Castillo), alias El Paisa (Juan Fernando Tobón Correa) y alias Willy (Willinton Ortiz Muñoz). Como eran adultos en 2022, podrían recibir penas más severas. Yepes espera que a ellos sí “los aplaste todo el peso de la justicia”.

El proceso ha estado marcado por la lentitud y los tropiezos. Los primeros señalados, alias Huevito y alias Juancito, fueron capturados con base en una hipótesis de la Fiscalía, pero su papel se fue desdibujando y Juancito quedó en libertad en enero de 2025. Yepes asegura que los testigos que hablaron este año ya habían declarado hace cuatro años, lo que sugiere que se pudo avanzar antes.

Para la mamá, aunque ya hay sentencias, faltan certezas. Para Yepes, lo que han revelado los capturados son verdades parciales, y en últimas reconoce que quienes saben qué hicieron con su hijo son ellos, por lo que espera que hablen y esclarezcan el hecho.

Y es que el halo de misterio que envolvió el caso desde la noticia de la desaparición no se ha ido. En la audiencia de lectura de sentencia se supo que el investigador de la Fiscalía ha recibido amenazas. “¿Qué no quieren que se sepa?”, se pregunta la madre. Sin embargo, no se han revelado detalles de las amenazas.

La noche de la desaparición. Peláez, de 26 años, trabajaba como contratista de Hidroituango en San Andrés de Cuerquia, a tres horas y media de Medellín, y se hospedaba en el hotel Luz del Norte. La noche del 2 de abril de 2022 salió a recorrer el pueblo y estuvo en un establecimiento del parque principal.

Hacia la 1:30 de la madrugada del 3 de abril habría sido citado en un sector a una cuadra de la iglesia principal, donde, según la Fiscalía, lo esperaban alias 300 y El Paisa. A su encuentro, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron

La hipótesis que la Fiscalía maneja es que el móvil del crimen es un secuestro extorsivo. Integrantes locales de El Mesa habrían perdido dinero por disputas internas por el microtráfico y quisieron recuperarlo con la víctima, antes de que los cabecillas del grupo criminal se enteraran y tomaran represalias.

Según informes, habrían pedido 10 millones de pesos y, como no llegaron, lo habrían golpeado y torturado hasta causarle la muerte. Las versiones sobre quién dio el golpe final difieren entre declaraciones, y eso deberá definirse en el proceso; sin embargo, las confesiones de los capturados hablan de disparos y golpes con llaves.

Ya que no hay un cuerpo o restos sobre el que el cuerpo técnico de Medicina Legal pueda trabajar para establecer una necropsia que dé cuenta de lo que sufrió el ingeniero, esta parte del caso se ha basado en confesiones de los capturados.

La declaración de Se Lo Juro es la que más detalles ha aportado. Según dijo, el ingeniero habría pasado por una finca que sería de alias El Caníbal, cabecilla de El Mesa y señalado como segundo al mando de la organización criminal, y luego por una casa de tapia, en la calle 28 con carrera 28, atado y con el rostro cubierto. El Cabo, según la Fiscalía, lo vigiló antes del rapto y custodió la vivienda.

Según la hipótesis, los restos fueron enterrados en una fosa de 1,70 metros cerca del río San Andrés, en la vereda Guayabal, y años después extraídos y arrojados al agua cuando la investigación se acercó a ellos. Hasta el momento, no han sido hallados. El río desemboca en el Cauca antes de llegar a Hidroituango, lo que complica la búsqueda.

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El 22 de septiembre apareció en Bello una camioneta Mazda B2600 de 1997 que, según las autoridades, se usó en el traslado. Alias 300 la habría conducido.

Andrés Camilo Peláez Yepes era un ingeniero forestal de 26 años que trabajaba en labores ambientales para Hidroituango. Tras su desaparición, cuadrillas de socorristas, policías y soldados rastrearon unos 136 kilómetros cuadrados; EPM instaló una valla a la entrada del pueblo y se ofrecieron recompensas.

Sin embargo, con los años, el caso perdió prioridad. Según Yepes, la comisión de búsqueda que prometió el Gobierno nacional anterior nunca se conformó.

Ella, en cambio, nunca paró. Durante más de 1.600 días ha publicado cada mañana en sus redes sociales el conteo de los días sin su hijo, y mantuvo vivo un caso que habría podido quedar entre los más de 130.000 desaparecidos del país, aun pese a los inescrupulosos estafadores que buscaron aprovecharse de ella pidiendo dinero por pistas falsas. “Quiero encontrar a Camilo como esté”, ha dicho.

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