Experto de la ONU sobre Nicaragua: es hora de pasar «de la denuncia a la acción»

Jan Michael-Simon, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, afirmó que la comunidad internacional debe pasar “de la denuncia a la acción” frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En una entrevista concedida a Nicaragua Actual, el jurista alemán sostuvo que, tras cuatro años de investigaciones y la publicación de cuatro informes oficiales del GHREN, las condenas diplomáticas ya no son suficientes y deben traducirse en mecanismos concretos de rendición de cuentas.

“Nuestra llamada principal, y ese es un llamado tanto aquí en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) como también a otros países, es que tenemos que pasar de la denuncia a la acción, de las resoluciones que, con mucha razón, lamentan la situación, a la acción“, dijo el jurista.

“Y la acción es, en primer lugar, la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones. Y eso tiene que ver con sanciones penales, con llevar al Estado a los órganos y foros de justicia internacional para demandarlo y también con sanciones“, afirmó.

Denuncia represión transnacional

Michael-Simon señaló que la represión ejercida por el régimen ya no se limita al territorio nicaragüense, sino que se extiende contra opositores exiliados mediante diversas formas de persecución. Esto ha sido reflejado en los informes del GHREN, cuyo trabajo de investigación los ha llevado a hablar con miembros de la propia estructura del régimen.

Según el experto, la estrategia oficial no se reduce a atentados o asesinatos, sino que busca desarticular completamente la capacidad de actuación de quienes abandonaron el país.

“Se les quitan todos los recursos para que puedan seguir con su labor de expresarse contra el régimen político y a favor de los derechos humanos en Nicaragua. Ese es el objetivo y para eso utilizan todo el portafolio que ustedes pueden ver en nuestro informe, incluyendo mecanismos como INTERPOL y sistemas de control del lavado de activos“, sostuvo.

El integrante del GHREN recordó que Costa Rica ya ha denunciado oficialmente ante Naciones Unidas la existencia de actos de represión transnacional en su territorio, incluyendo el asesinato del opositor y disidente sandinista, Roberto Samcam. Según Michael-Simon, este tipo de operaciones también representa un desafío para la estabilidad regional.

“Actividades en donde un país vecino, miembro del hemisferio, no respete más la integridad territorial de sus vecinos es un problema para toda la región“, advirtió. A su juicio, el objetivo del régimen trasciende la persecución de la oposición y busca demostrar que puede actuar impune fuera de sus fronteras.

“Es también una expresión de Managua hacia las demás capitales de que puede incluso ir más allá de sus fronteras sin que tenga consecuencias“, afirmó, y consideró insuficientes los avances alcanzados hasta ahora en materia de justicia internacional para abordar la situación del régimen.

Pasos tímidos

Actualmente, recordó el experto, el avance ha sido modesto.

“Hasta ahora los primeros pasos han sido bastante tímidos. Después de cuatro años de nuestro mandato, de haber publicado cuatro informes oficiales, más ocho documentos que explican más a fondo la situación, lo que tenemos es una iniciativa en la justicia argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, que está caminando“, indicó.

En ese punto, reconoció que uno de los principales obstáculos radica en que la legislación argentina no contempla los juicios en ausencia, lo que dificulta procesar a altos funcionarios nicaragüenses mientras permanezcan fuera del alcance de esa jurisdicción. No obstante, instó a otros países a iniciar investigaciones cuando existan víctimas con doble nacionalidad.

“Tenemos ciudadanos españoles, ciudadanos franceses, ciudadanos alemanes, ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, también esperemos que haya acciones en ese sentido“, señaló. Asimismo, sostuvo que cuando hechos delictivos cometidos desde Nicaragua producen efectos penales en otros países, deberían abrirse investigaciones nacionales.

“Una vez que tengo actividades penales en mi territorio que tienen su origen en otro territorio, esto normalmente debería tener consecuencias judiciales. Y no las tiene hasta ahora“, lamentó.

El experto concluyó que la comunidad internacional ya cuenta con abundante documentación sobre la situación nicaragüense y que el siguiente paso debe ser avanzar hacia mecanismos efectivos de justicia. “Más acción en conjunto en materia de rendición de cuentas” es lo que hace falta, dijo el jurista.

“Declaraciones hay; resoluciones hay, múltiples. Lo que faltan son acciones judiciales“, concluyó.