La investigación de una trama corrupta que salpica a Zapatero apunta a negocios con el régimen cubano

Una investigación de la Brigada Central de Crimen Organizado de España (UDYCO), revelada esta semana por el periódico El Español, vinculó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —actualmente en el centro de la atención por varios casos de corrupción— con una presunta «trama de inversión de capitales en la isla de Cuba, al parecer relativa a la instalación de plantas fotovoltaicas en las que estaría interesado el Gobierno de Cuba», según el sumario del caso, al que tuvo acceso en exclusiva el citado medio.

La llamada operación Strongbox incluye a varios empresarios alicantinos con presuntos vínculos con la mafia rusa, quienes, según la investigación, se habrían valido de gestiones de influencia del expresidente y de su entorno para hacer avanzar contratos con el régimen cubano.

En una serie de conversaciones interceptadas por la UDYCO y publicadas por El Español, los empresarios hicieron referencia «al presunto interés y predominancia del expresidente del Gobierno en negocios de minas de níquel o de oro en Cuba».

En otra de las conversaciones intervenidas, uno de los empresarios interesados en vender plantas fotovoltaicas a La Habana comentó a uno de sus socios que el funcionario cubano con el que negociaba había dejado de responder, por lo que «hay que contactar con el entorno del expresidente Zapatero», afirmó, después de que se estancaran las negociaciones con Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas, según El Español.

En esta trama, la UDYCO también destaca el nombre de Jerónimo Sarmiento Morato, quien estaba al frente de la compañía Servigestión Lucentum, una empresa que, según el informe pericial, «estaría ejerciendo de intermediaria entre el Gobierno cubano y las empresas instaladoras de parques solares fotovoltaicos, habiendo contactado hasta el momento con una empresa china, otra sudafricana y otra mexicana».

Asimismo, dicha compañía «estaría conectada con la petrolera PEMEX, interesada en invertir en refinerías cubanas», señaló el informe.

Además, la UDYCO destacó que, en las intervenciones telefónicas al empresario Jorge Martínez Odriozola, iniciadas en marzo de 2024, quedó reflejado que «la pretensión de los empresarios socios de la mafia rusa era que el Gobierno cubano pagara en especie, entregándoles grandes cantidades de minerales, níquel y oro».

En una de esas llamadas, según relató El Español tras acceder a las grabaciones, Martínez Odriozola afirmó: «Ha aceptado el parque de un giga a cambio de níquel y cobalto». En ese contexto, los inversores aseguraban contar «con la colaboración de un diplomático de la embajada de Cuba en España, René Capote».

Al mismo tiempo, los empresarios mantuvieron contactos con Alfredo López Valdés, entonces director de la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Según la investigación, esas comunicaciones se habrían iniciado a partir de una llamada de López Valdés a uno de los empresarios alicantinos, lo que llevó a la UDYCO a inferir que la relación fue facilitada por el empresario Julio Martínez mediante gestiones de lobby atribuidas al entorno de Zapatero. No obstante, estas conclusiones forman parte de la hipótesis policial y han sido negadas por el entorno del expresidente.

Aunque la trama de los empresarios alicantinos y la mafia rusa para promover plantas fotovoltaicas en Cuba a cambio de minerales salió a la luz en febrero de 2025, los nuevos avances del caso apuntan a una dimensión política más amplia y ponen de relieve el tipo de inversiones que estaría atrayendo el régimen de La Habana. 

La red investigada fue descrita por los investigadores como «una auténtica multinacional del blanqueo de capitales», mientras que la presunta vinculación de Zapatero abre nuevas interrogantes sobre el alcance de su papel en estas operaciones y el peso real de los agentes de influencia del castrismo.