Editorial: La debacle hotelera en Cuba

Diversas hoteleras internacionales han suspendido parcialmente sus operaciones en Cuba para retirarse de las empresas mixtas y contratos de administración con GAESA, el entramado mafioso controlado por los militares.

Se trata de suspensiones parciales. La distinción es crucial pues poderosas compañías como Meliá e Iberostar se obstinan en mantener operativos otros hoteles, a pesar del desierto turístico cubano y del riesgo implícito para sus propios intereses al continuar apostando por el castrismo.

La presión de EEUU —y no la aceptación de la realidad ni una supuesta responsabilidad social corporativa— ha forzado a esas compañías a reducir su presencia en Cuba. Los mayores inversionistas extranjeros dejan ir, tal vez, su última oportunidad de exigir públicamente al régimen de La Habana el cese de las condiciones de semiesclavitud bajo las que contratan a los trabajadores de la Isla.

Queda, además, por esclarecer cuántos de sus hoteles todavía operativos están relacionados con propiedades confiscadas por el castrismo, casos que se encuentran bajo escrutinio legal al amparo de la Ley Helms-Burton.

En este sentido, la conflictiva experiencia cubana de las empresas extranjeras no ha finalizado. Pese a la gravedad de la crisis y la debilidad del régimen, esas empresas no han exigido al régimen castrista una transformación radical del negocio para asegurar su permanencia, como tampoco se han preocupado por articular un análisis honesto sobre el pasado ni muestran verdadero propósito de enmienda.

Durante décadas han participado en la explotación laboral, negaron la entrada en sus instalaciones a los cubanos y han sido corresponsables del latrocinio de GAESA contra el pueblo de Cuba.

Ninguna de estas corporaciones puede alegar ignorancia: estaban advertidas ya en el pasado, y conocen perfectamente el colapso que les depara el futuro.

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