Denunciaron irregularidades en millonaria compra de tierras por $13.000 millones de pesos en Puerto Gaitán, Meta

Publicado hace 3 horas Actualizado hace 54 minutos

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Una corporación de líderes sociales y derechos humanos expresó su profunda preocupación frente a la intención de la Alcaldía de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, de adquirir un predio de nueve hectáreas por un valor cercano a los 13.000 millones de pesos.

Y es que la denuncia emitida por la organización social este martes 10 de noviembre por medio de un comunicado surgió al contrastar la cifra proyectada por la administración local con los antecedentes económicos recientes de la zona geográfica.

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La preocupación institucional aumentó al conocer que, durante el año pasado, nueve hectáreas habrían sido negociadas entre particulares por aproximadamente 180 millones de pesos.

A este factor financiero se suma un avalúo comercial realizado a finales de 2024 sobre un terreno prácticamente vecino, que estableció un valor aproximado de 300 millones de pesos por hectárea. La concejal por el Partido Liberal, Diana Carolina Pérez, denunció que, además del exagerado aumento del valor comercial del predio, Puerto Gaitán no cuenta con un plan básico de ordenamiento territorial.

De esta manera, la política advirtió que no hay certeza de la demanda que el municipio tiene en materia de educación superior, por lo que aseguró que actualmente “no se cuenta con ofertas de universidades públicas ni privadas” y cuestionó que esta obra pueda convertirse en un elefante blanco.

“En este momento no tenemos ningún convenio con ninguna universidad que garantice asumir directamente el sostenimiento de una ciudadela. Por ejemplo, aquí tenemos también el SENA, que es una gran infraestructura que nadie sostiene en este momento. No se usa el 100%. Entonces, ¿qué nos garantiza que a construir una ciudadela, que es algo tan grande, se le vaya a garantizar el sostenimiento?”, concluyó Pérez.

Frente a estos antecedentes, la Corporación 2R ONG señaló que resulta indispensable que la Administración Municipal explique cómo se llega a una valoración de aproximadamente 13.000 millones de pesos por otras nueve hectáreas, lo cual equivale a cerca de 1.444 millones de pesos por hectárea.

La organización defensora de derechos humanos precisó que el cuestionamiento no busca desconocer que puedan existir diferencias de ubicación, condiciones urbanísticas o potencial de desarrollo entre los distintos terrenos del municipio.

El objetivo central de la veeduría es exigir que dichas diferencias estén plenamente demostradas mediante estudios técnicos, avalúos independientes y documentos verificables.

“La ciudadanía merece saber de dónde sale semejante valoración y quién la sustenta técnicamente”, concluyó John Payares Burgos, director nacional de Derechos Humanos de 2R ONG, a través del comunicado público firmado por la entidad.