Coosalud EPS pagó $3.104 millones por una plataforma tecnológica que no usaron ni sus técnicos

Coosalud EPS habría pagado $3.104 millones de pesos por una plataforma tecnológica que debía usarse para supervisar sus sedes en el país. Sin embargo, según reveló Cambio, la Contraloría habría revisado el contrato y habría encontrado que los técnicos de esa entidad no tendrían acceso al sistema.

Entre los puntos que debía implementar esa plataforma estaban verificar las condiciones de infraestructura de las sedes, realizar inspecciones, registrar videos y fotos, localizar geográficamente las instalaciones, producir informes para facilitar supervisión, entre otras tareas.

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Pero no existirían pruebas suficientes de que el servicio se hubiera prestado y hubiera funcionado. El negocio, según ese medio, se habría hecho en 2025, cuando la EPS ya estaba intervenida por la Superintendencia de Salud, decisión que justo fue reversada por el Tribunal Administrativo de Bolívar este 30 de octubre.

El contrato habría sido suscrito entre Coosalud EPS y Geoproyecciones S.A.S., por $4.757 millones, y habría tenido un plazo de cinco meses. De esa cifra, la EPS habría pagado la cifra ya mencionada de $3.104 millones y quedó pendiente un saldo de $1.653 millones.

Pero lo clave del asunto está en que la Contraloría no habría encontrado pruebas suficientes de que los servicios pagados se hubieran recibido y utilizado. Según diría el informe, las fallas habrían comenzado desde la contratación, cuando el área de tecnología de Coosalud ni siquiera habría participado en la definición de las características técnicas de ese sistema.

Es más, la auditoría habría establecido que el departamento de Tecnología de Coosalud habría conocido el contrato después de firmado. Tampoco habría obtenido las claves, licencias o permisos necesarios para comprobar que la plataforma existiera, funcionara y estuviera disponible para la entidad.

De hecho, en una diligencia de la Contraloría, del 13 de mayo de 2026, funcionarios de las áreas jurídica y tecnológica habrían reconocido que no tenían certeza sobre el cumplimiento del contrato ni acceso a la plataforma.

Un concepto que habría elaborado el equipo técnico de ciberseguridad de Coosalud encontró que los técnicos únicamente habrían examinado un documento presentado por el contratista, pero no habrían accedido al sistema, los servidores ni a la infraestructura tecnológica que soportaba su funcionamiento.

Por eso no habrían realizado pruebas ni comprobaciones de la seguridad o de la plataforma, o siquiera que los servicios contratados estuvieran funcionando. Sin esas verificaciones tampoco sería posible comprobar los demás productos que debía entregar Geoproyecciones, como fotos, videos, formularios y registros de visitas a las sedes de Coosalud.

¿De dónde viene esa empresa? Fue matriculada en Bogotá en 2015 y se dedica al desarrollo de sistemas informáticos y soluciones tecnológicas, sobre todo en temas geográficos. También habría tenido contratos con entidades de las alcaldías de Medellín y Tunja.

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El 12 de mayo de 2026, Coosalud habría requerido formalmente a Geoproyecciones que entregara los productos contemplados por el contrato. El requerimiento habría incluido una exigencia: si algunos productos no tenían soporte físico o digital, la empresa debía certificarlo bajo juramento, explicar por qué y precisar cuándo debieron entregarse.

Para responder a la Contraloría, Coosalud habría reconocido que no habrían recibido la información solicitada al contratista, y que habían requerido al supervisor del contrato para obtener los informes de ejecución, las autorizaciones de pago, los documentos de entrega y las pruebas de acceso a la plataforma.

El supervisor sí habría aportado la documentación, pero aún estaría siendo revisada según la respuesta de Coosalud.

Adicionalmente, esa entidad habría dicho que la administración que asumió funciones a finales de mayo de 2026 supuestamente no participó en la contratación ni en la supervisión del negocio, y que estaba en el proceso de empalme.

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Para ese momento, el contrato ya habría terminado, aunque no se habría liquidado. No obstante, la Contraloría consideró insuficientes las explicaciones, diciendo que los cambios de administración no eximen a las EPS de conservar los soportes de sus contratos y demostrar que los servicios pagados fueron recibidos.

Por eso, se mantendría el hallazgo por presunta incidencia fiscal y disciplinaria por $3.104 millones, equivalentes a la totalidad de desembolsos realizados.

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