Aparecen cuerpos en túneles de Holguín, más de un año después de la explosión que mató a reclutas cubanos

Más de un año y medio después de la explosión que dejó 13 militares muertos en una instalación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Melones, Holguín, el hallazgo de varios cuerpos dentro de los túneles vuelve a poner en duda la versión oficial sobre la búsqueda de las víctimas y deja a sus familias nuevamente a la espera de respuestas.

Según testimonios recogidos por El Toque entre familiares y residentes de la comunidad, un grupo de jóvenes civiles entró hace poco más de un mes en la zona donde ocurrió el siniestro del 7 de enero de 2025 y encontró restos humanos entre los escombros.

Las fuentes consultadas por ese medio afirmaron que los jóvenes fueron detenidos posteriormente y continúan encarcelados, aunque no se conocen el número exacto de detenidos ni los cargos que enfrentarían. El Toque añadió que no pudo verificar de manera independiente esa información.

Daliha González Almaguer, hermana de Frank Antonio Hidalgo Almaguer, uno de los nueve jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio y murieron oficialmente en la explosión, dijo que su familia recibió la información inicialmente de habitantes de la zona. Posteriormente, integrantes de las FAR acudieron a su vivienda y confirmaron que habían sido encontrados cuerpos.

«Solo visitaron a dos o tres familias de las víctimas (…) desde entonces, hace más de un mes, no han informado nada más», afirmó González Almaguer. La familia todavía desconoce si los restos corresponden a Frank Antonio.

Una situación similar enfrenta Gretel María Franco, madre de Leinier Jorge Sánchez Franco, otro de los reclutas declarados muertos. Según relató, las FAR también le comunicaron que habían aparecido cuerpos, pero no le ofrecieron después información sobre su identidad o sobre las circunstancias del hallazgo.

La madre dijo haber escuchado versiones contradictorias en la comunidad: una apunta a que fueron encontrados los 13 militares y otra sostiene que la búsqueda se interrumpió después de que se derrumbara una pared. «Pero no han sido capaces de informar nada», denunció.

El hallazgo tiene especial relevancia porque durante los días posteriores a la explosión el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) sostuvo que no era posible acceder al lugar debido a la extrema peligrosidad de la zona. Nueve días después del siniestro, el organismo declaró oficialmente muertos a los 13 militares, pero reconoció que no había podido llegar hasta el sitio donde se encontraban.

El MINFAR atribuyó entonces la imposibilidad de recuperar los cuerpos a los gases acumulados, los daños estructurales y el riesgo de nuevos derrumbes. También afirmó que no existía posibilidad de supervivencia y señaló como posible causa del desastre un fallo eléctrico provocado por un cortocircuito.

Los cuerpos, sin embargo, nunca fueron entregados a sus familias.

«Primero nos dijeron que después de 72 horas, que antes era imposible. Después que a los cuatro días [iban a entrar] para recuperar los cuerpos. Todo mentira. Nunca entraron a buscarlos», sostuvo González Almaguer.

Para los familiares, la entrada posterior de civiles en los túneles contradice la explicación oficial sobre la imposibilidad de acceder a la instalación. La madre de Leinier cuestionó precisamente esa contradicción: «Ellos dijeron que todo se había derrumbado y no había posibilidad de vida; ahora los hechos demuestran otra cosa».

Una tragedia rodeada de silencio

El 7 de enero de 2025, un incendio desencadenó varias explosiones en una instalación militar de Melones donde se almacenaba material de guerra. Entre los fallecidos había cuatro oficiales y suboficiales y nueve jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio.

La tragedia provocó desde el comienzo reclamos de los familiares por la falta de información y por la ausencia de una explicación detallada sobre lo sucedido. Julio César Guerrero Batista, padre de José Carlos Guerrero García, uno de los reclutas fallecidos, exigió entonces que las autoridades recuperaran el cuerpo de su hijo y esclarecieran las circunstancias de su muerte.

Más de un año después, las dudas persisten. Tampoco se conocen públicamente los resultados de una investigación que determine responsabilidades por las condiciones de seguridad de la instalación, el origen del incendio o la decisión de mantener a jóvenes reclutas en un lugar donde se almacenaban municiones.

El Código Penal Militar cubano contempla sanciones por negligencia en el servicio cuando una actuación u omisión relacionada con las medidas de seguridad provoca la muerte o lesiones graves. Expertos de DIARIO DE CUBA señalaron tras la tragedia que la investigación debía determinar si existieron fallos en los protocolos para el manejo y almacenamiento de material militar y quiénes eran responsables de garantizar la seguridad de los reclutas.

La falta de información oficial también alimentó las críticas al Servicio Militar Obligatorio. Los nueve jóvenes muertos tenían entre 18 y 19 años y, según especialistas citados entonces por DIARIO DE CUBA, carecían de la experiencia necesaria para afrontar tareas de alto riesgo en instalaciones militares.

El caso de Melones se sumó además a otros accidentes mortales en instalaciones estatales y militares cubanas, como el ocurrido en la Base de Supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, donde murieron 17 personas, varios de ellos jóvenes que cumplían el Servicio Militar.