Alertan que MinSalud reportó 536 muertes en 2025 por enfermedades huérfanas, pero solo aparecen registradas 60

18 de febrero de 2026

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En medio de la polémica que rodea al Gobierno Nacional por el caso de Kevin Acosta, el menor fallecido en medio de denuncias por la falta de entrega de su medicamento para la hemofilia, se conoció una nueva denuncia sobre inconsistencias en las cifras de pacientes con enfermedades huérfanas reportadas por el Ministerio de Salud en 2025 y los datos que actualmente aparecen en el SISPRO.

Una nueva controversia rodea al sistema de salud luego de que se evidenciara una aparente inconsistencia en las cifras oficiales sobre fallecimientos de pacientes con enfermedades huérfanas afiliados a Nueva EPS.

La diferencia —de 476 casos— ha generado cuestionamientos sobre la trazabilidad y consistencia de los datos oficiales. Hasta el momento, no se ha explicado públicamente si la discrepancia obedece a un ajuste metodológico, a un rezago en el cargue de información o a una eventual corrección en los reportes iniciales.

Es más, esta denuncia también resalta que ahora figura un nuevo ítem en esta base de datos que se titula “No definido”, donde se registran 2.008 fallecidos; sin embargo, no se estipula si es o no un registro de pacientes de la Nueva EPS.

El contraste resulta especialmente sensible en el contexto del debate nacional sobre la crisis del sistema de salud, sobre todo de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional.

La organización Pacientes por Colombia, que reúne a 202 asociaciones, presentó una denuncia penal contra Guillermo Jaramillo (ministro de Salud) porque habría incumplido varias decisiones de la Corte Constitucional en materia de salud.

Esa agremiación argumentó que la denuncia por posible fraude a resolución judicial es porque el funcionario no acató lo ordenado en múltiples decisiones judiciales sobre lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos con los que se financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por la UPC.

Según el escrito, estas omisiones y decisiones administrativas han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.

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