Tribunal admite demanda contra RTVC por presuntos contratos sin relación con su misión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular que cuestiona la forma en que el Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC), ha venido ejecutando varios de sus contratos.

El recurso fue presentado por la Fundación para el Estado de Derecho, que advierte que la entidad estatal habría actuado como intermediaria en convenios con ministerios y agencias del Gobierno para servicios de logística de eventos, alquiler de tarimas, carpas y menaje, así como para la contratación de alimentación, transporte, ferias y campañas institucionales.

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Según los argumentos de la demanda, en la práctica RTVC estaría trasladando la ejecución de estas tareas a operadores privados, lo que la alejaría de sus funciones esenciales como sistema de medios públicos.

“En los últimos años, la entidad estatal ha suscrito convenios con ministerios y agencias nacionales para actividades como logística de eventos, alquiler de tarimas, carpas, menaje, servicios de alimentación, transporte, ferias y campañas institucionales, tareas que en su mayoría han sido tercerizadas a través de operadores privados. Esta práctica convierte a RTVC en un intermediario que canaliza recursos públicos sin observar principios de selección objetiva ni garantizar condiciones de pluralidad y transparencia”, se lee en la acción.

Añade que, en lugar de desarrollar directamente actividades de comunicación, la entidad recurre de manera reiterada a contratos de prestación de servicios para cubrir labores permanentes, lo que incluso podría configurar relaciones laborales encubiertas.

La Fundación también cuestiona que estos esquemas de contratación no garantizarían la pluralidad de oferentes ni la selección objetiva, principios básicos en la administración de recursos públicos.

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Con la acción popular se busca que el tribunal ordene a RTVC abstenerse de celebrar convenios que no pueda ejecutar con su propia capacidad institucional. Además, se solicita que implemente mecanismos de verificación interna y publique de manera completa y detallada todos los contratos firmados desde 2022.