Régimen secuestra cuerpo de Brooklyn Rivera y lo entierra lejos de su comunidad

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestró el cuerpo del dirigente indígena Brooklyn Rivera la noche del 31 de mayo, mismo día de su fallecimiento a causa de las secuelas de un encierro prolongado, y lo sepultó en Managua contra la voluntad de su familia.

El cuerpo del ex-diputado fue inhumado en el camposanto de Sierras de Paz en la capital días después de que la dictadura anunciase que se encontraba grave de salud. Rivera había sido secuestrado por el régimen en septiembre de 2023 sin que hubiera noticia de él desde entonces y hasta finales de mayo de 2026.

Días después del anuncio y tras más de dos años desaparecido, Rivera falleció bajo custodia del régimen.

Tininiska Rivera, hija exiliada del fallecido, había pedido públicamente que su padre fuese enterrado en Sandy Bay, en la Región Autónoma del Caribe Norte del país para “darle el último adiós que merece y permitir que descanse junto a (su madre) y su pueblo, acompañado de su pueblo, su comunidad y todas aquellas personas que compartieron su vida, lucha y compromiso”.

No hubo, como se había reportado en un inicio en distintos medios de comunicación, un servicio en la iglesia morava del barrio Domitila Lugo, en el Distrito IV de Managua, sino que representantes de la iglesia morava fueron admitidos a Sierras de Paz, así como diputados sandinistas y personal de medios de propaganda del régimen.

La hija de Rivera había pedido un salvoconducto para llegar a Nicaragua y despedirse de su padre, así como exigió que se respetara “nuestro derecho a despedirlo conforme a nuestras tradiciones, nuestras creencias y nuestra identidad como pueblo miskito”. El régimen le negó ambas peticiones al inhumar los restos de Rivera el mismo día de su muerte.

Tanto la hija de Rivera como defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas de Nicaragua han condenado la muerte de Rivera y han responsabilizado directamente a la dictadura Ortega-Murillo. Rivera es el octavo preso político que muere bajo custodia de la dictadura sandinista desde el estallido social de 2018.