Régimen reconfiguró el control del Consejo de Universidades

El régimen de Daniel Ortega ejecutó una profunda reestructuración en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que incluyó la destitución de la presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua, Ramona Rodríguez Pérez.

La medida también afectó a otras figuras clave del sistema universitario estatal.

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Según fuentes internas del CNU y de la UNAN-Managua, Rodríguez fue retirada de sus cargos el 8 de mayo de 2025. Desde entonces, no ha regresado a sus oficinas, las cuales fueron cerradas y sus pertenencias retiradas. Junto a ella, también fue destituido Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU y exvicerrector de la UNAN-Managua, conocido por su cercanía al Frente Sandinista.

Otra figura removida fue Jilma Romero Arrechavala, directora de Gestión del Conocimiento del CNU y esposa de Luis Alfredo Lobato Blanco, quien asumió interinamente la rectoría de la UNAN-Managua.

Nuevo Consejo controlado por el dictador

Estos cambios se enmarcan en una serie de reformas legales aprobadas en diciembre de 2023, que otorgaron al dictador Daniel Ortega la facultad de nombrar y destituir a las autoridades del CNU y de las universidades estatales, eliminando la autonomía universitaria.

La nueva estructura es el Consejo Nacional de Rectores de Universidades que está conformada por una Dirección Superior integrada por un presidente, un vicepresidente y un director ejecutivo, todos designados por la Presidencia de la República por un periodo de cinco años.

Estas acciones han sido interpretadas como una consolidación del poder del régimen sobre las instituciones educativas, eliminando cualquier vestigio de autonomía y sometiendo a las universidades a una lógica de obediencia política.

Nuevas funciones

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Medios de propaganda gubernamental informaron que la codictadora Rosario Murillo designó a Ramona Rodríguez como encargada del próximamente habilitado Centro Nacional de Capacitación de Emprendedores “La Sandino” cuya función será la administración del Centro Nacional de Rectores, pero bajo la supervisión de la Procuraduría General de la República de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.