El rastro de Jessica González en el Gobierno Petro: millonarios ingresos prenden alerta en medio de los “sexocontratos”

Las autoridades le metieron acelerador a las investigaciones por la presunta red de contratos a cambio de favores sexuales que habría operado en la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La Fiscalía abrió una noticia criminal para establecer si las mujeres que habrían llegado a distintas entidades por recomendación del entonces mandatario cumplían los requisitos para ser contratadas y si los funcionarios que tramitaron esas vinculaciones conocían las supuestas condiciones personales detrás de ellas.

En medio de todo eso, Deicy Jiménez, la mujer que hizo las denuncias y quien asegura haber recibido contratos a cambio de sostener relaciones sexuales con Petro, fue citada a declarar ante la Fiscalía el 10 de noviembre. También serán llamados el exministro del Interior Armando Benedetti y el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, porque a sus respectivas carteras llegó la hoja de vida de Deicy, al parecer, por recomendación del exmandatario.

A propósito, el jueves, la mujer estuvo en la Fiscalía y permaneció durante más de 15 horas en una diligencia en la que investigadores realizaron la extracción forense del material alojado en su teléfono celular.

Pero mientras avanzan las investigaciones, empiezan a aparecer otros nombres y documentos sobre personas que tuvieron vínculos contractuales con el Gobierno. Uno de ellos es el de Jessica Tatiana González.

No se trata de afirmar, por ahora, que González haya tenido una relación con el expresidente. Su perfil contractual y recorrido por distintas entidades coinciden con algunas de las características que Jiménez ha descrito en sus entrevistas.

Deicy dice que, así como ella, había entre 40 y 50 mujeres que habrían recibido contratos a cambio de participar en fiestas y acompañar al expresidente en eventos más personales.

Después, Luz Mary Herrán, la exesposa de Petro, dijo que conocía un programa con ese mismo número de mujeres, a quienes se les habrían entregado contratos para ayudarlas a desarrollar sus proyectos de vida. Calificó la iniciativa como un acto de solidaridad.

Todas esas son versiones distintas que cuentan la misma historia: mujeres jóvenes sin experiencia en las oficinas de la Casa de Nariño.

Jessica es tecnóloga en gestión Administrativa. Así, pasó por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Presidencia. Su recorrido contractual comenzó en 2022 y, para 2026, ya figuraba vinculada a la Jefatura de Despacho Presidencial.

El primer contrato registrado en Secop fue suscrito el 21 de diciembre de 2022 por $13.257.864. Sus obligaciones consistían en apoyar los procesos de gestión documental y responder peticiones, quejas y solicitudes de usuarios externos del Ministerio de Salud, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

Sin embargo, más allá de sus funciones, lo que llama la atención es la manera en que reportaba el cumplimiento de esas tareas. En los informes que presentó para cobrar el salario no aparecen soportes de las actividades realizadas.

En los espacios destinados a describir su trabajo se limitó a escribir “se realizó actividad” y “se realizaron las labores de forma independiente y de acuerdo a lo pactado”. A pesar de que los reportes no detallaban qué había hecho concretamente, recibía el visto bueno de la supervisión.

La supervisión de ese contrato estaba a cargo de Johanna Marcela Barbosa Alfonso, la misma funcionaria que terminó involucrada en un escándalo por presuntamente pedir coimas a funcionarios de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

En 2024 Jessica llegó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde fue contratada para prestar servicios de apoyo a la gestión en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos institucionales de la Oficina Asesora de Planeación.

En ese contrato se repite el mismo panorama. Hay casillas de actividades sin diligenciar y no aparecen soportes suficientes para establecer cuáles fueron las labores que realizó.

Dos años después, González apareció en un documento de la entonces directora del Dapre, Nhora Mondragón, quien solicitó su contratación directa por $46.975.500. Entre las funciones asignadas estaban consolidar información, proyectar comunicaciones, hacer seguimiento a actuaciones internas y actualizar bases de datos. En esa misma solicitud figuraban otras tres mujeres y dos hombres, también contemplados para contratos de apoyo a la gestión.

Jhon Guevara, director ejecutivo de la Fundación Centro de Estudios Socio-Políticos, dio a conocer parte de la documentación y cuestionó la forma en que se produjo su llegada a la Presidencia. Guevara señaló que, pese a los informes con escasa información y los vacíos en los registros públicos, González terminó vinculada al despacho presidencial. “¿Por qué sigue ahí?”, se preguntó.

Este diario buscó a Jessica González para conocer su versión sobre los contratos y las actividades que desarrolló como contratista del Estado. Sin embargo, al cierre de esta edición no había recibido respuesta.