¿Quiénes son los partidos «zancudos» y por qué colaboran con la dictadura?

El término “partidos zancudos” se utiliza desde hace décadas en Nicaragua para describir a aquellas organizaciones políticas que, aunque formalmente aparecen como partidos de oposición, terminan colaborando con el partido gobernante o legitimando procesos electorales ampliamente cuestionados por carecer de competencia real.

El apelativo surgió durante el siglo XX de forma prominente durante la dictadura somocista (1936-1979). En la actualidad, el concepto se emplea principalmente para describir a las agrupaciones que han participado en las elecciones organizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo después del cierre progresivo del espacio cívico.

Tras la cancelación de decenas de organizaciones políticas desde 2021, únicamente un reducido grupo de partidos continúa con personalidad jurídica y autorización para participar en los procesos electorales.

Estos son la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente y Alianza por la República (APRE).

En los comicios de 2021, también existían todavía el Partido Conservador (PC), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (en miskito, ‘hijos de la Madre Tierra’, YATAMA). Estos fueron ilegalizados por la dictadura en 2021, 2022 y 2023, respectivamente.

De rey a mendigo

El PLC, por su parte, fue por años uno de los partidos más robustos de Nicaragua. Gobernó el país con Arnoldo Alemán a la cabeza entre 1997 y 2002, y el presidente Enrique Bolaños (2002-2007) fue miembro de esta agrupación, fungiendo como vicepresidente durante el periodo de Alemán, hasta romper con él y fundar al APRE.

Durante años fue la principal fuerza contraria al Frente Sandinista, pero tras llegar al llamado Pacto Alemán-Ortega a principios del gobierno de Alemán, sepultó su independencia y dominio político.

Arnoldo Alemán cuando era máximo líder del PLC. 3 de octubre, 1996. Foto: Cortesía

El pacto contemplaba el reparto de cuotas de poder en las instituciones del Estado, pero tras los juicios anticorrupción contra Alemán durante el periodo de Bolaños, este fue burlado por Ortega tras volver al poder este en 2007. Aun así, el PLC continuó como colaborador del Frente Sandinista durante el periodo de consolidación dictatorial.

Aunque mantiene una estructura nacional liderada por María Haydée Osuna. Participó tanto en las elecciones de 2021 como en las municipales de 2022 y regionales de 2024, con Walter Espinoza de candidato. Con nueve diputados, son la bancada “opositora” más grande en la Asamblea Nacional.

Alianza sin libertad

La ALN fue fundada en 2005 como escisión del PLC, declarándose una alternativa liberal encabezada por Eduardo Montealegre, candidato a las elecciones de 2006.

Sin embargo, luego de perder influencia política y sufrir cambios en su dirigencia, el partido terminó alineándose con el régimen.

Tomó parte del fraude electoral de 2021, bajo el mando del diputado Alejandro Mejía Ferreti con Marcelo Montiel Fernández como candidato.

Mejía todavía mantiene el liderazgo del partido y opera como diputado, votando a favor de prácticamente todas las leyes sandinistas.

Por haber tomado parte de la desnacionalización de ciudadanos opositores, Mejía fue sancionado por Estados Unidos en 2023. Actualmente, la ALN sólo tienen dos diputados en la Asamblea Nacional.

Sin libertad ni independencia

El histórico PLI fue durante décadas uno de los principales partidos liberales del país, si bien nunca logró la misma posición dominante que el PLC.

Había surgido como una escisión del Partido Liberal Nacionalista (PLN), la agrupación política de la familia Somoza durante su dictadura. Se trataba de los liberales que habían tomado una postura crítica y afirmado sus principios contra el régimen somocista. También formó parte de la Unión Nacional Opositora (UNO) contra la Primera Dictadura Sandinista (1979-1990).

Fabio Gadea Mantilla durante su campaña por el PLI para los comicios de 2011. Foto: Cortesía

El PLI participó en las elecciones de 2011 bajo la figura de Fabio Gadea Mantilla, reconocido escritor, locutor de radio y periodista.

En 2016, una sentencia judicial entregó la representación legal del partido a un sector cercano al oficialismo, desplazando a la dirigencia orgánica encabezada entonces por Eduardo Montealegre y retirando de golpe los curules a 28 diputados opositores.

El partido tomó parte del fraude electoral de 2021, con el candidato Mauricio Orúe Vásquez, sancionado por Estados Unidos a razón de sus vínculos con la dictadura. Actualmente, al partido lo dirige José del Carmen Alvarado. El PLI cuenta con dos diputados en la Asamblea Nacional luego de que el curul que correspondía a Camino Cristiano fuese transferido a este por la dictadura.

Alianza, pero sin república

Creada en 2004 por antiguos dirigentes liberales, incluyendo al propio expresidente Bolaños, descontentos con la corrupción y el dominio político del expresidente Alemán sobre el liberalismo nicaragüense, APRE pasó varios años con escasa presencia nacional.

En los últimos procesos electorales se convirtió en uno de los partidos colaboracionistas del sandinismo, postulando candidatos sin cuestionar las condiciones del proceso electoral.

Su candidato para el fraude electoral de 2021 fue Gerson Gutiérrez Gasparín y el partido lo dirige Carlos Canales. Solamente hay un diputado de APRE en la Asamblea.

El incentivo

Ninguno de estos partidos se pronunció sobre la detención de los contendientes opositores a la presidencia por orden de la dictadura sandinista, tampoco cuestionaron las nulas garantías de transparencia ni las irregularidades denunciadas por la oposición y la comunidad internacional entonces.

El principal incentivo para un partido “zancudo” es el desembolso electoral, además de los beneficios propios de ocupar un curul en la Asamblea Nacional.

En Nicaragua, el llamado desembolso electoral es un mecanismo mediante el cual el Estado reintegra a los partidos políticos parte de los gastos incurridos durante una campaña electoral. La base legal principal es la Ley (331) Electoral, especialmente sus disposiciones sobre financiamiento de campaña.

La Ley Electoral en Nicaragua establece una relación entre desempeño electoral y conservación de la personalidad jurídica. La norma establece que un partido que no alcanzara al menos el 4% de los votos válidos en la elección presidencial podía perder su personería jurídica.

Sin embargo, ni ALN (3.1%), ni APRE (1.75%), ni el PLI (1.69%) lograron alcanzar tal margen con los votos que les asignó el Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por el sandinismo.

Estos continúan en la Asamblea Nacional solamente por la voluntad del régimen, en violación a su propia ley, la cual aplicó únicamente en contra de Camino Cristiano luego de que su líder, Guillermo Osorno, denunciase las irregularidades de los comicios.

Además del desembolso electoral, cada diputado de estos partidos en la Asamblea goza de beneficios administrativos como viáticos y transporte para viajes oficiales y además de la asignación salarial (que no es un dato público y se estima en alrededor de 3 mil dólares), el cargo implica acceso a una estructura institucional financiada con fondos públicos: oficinas, personal de apoyo, servicios administrativos y otros recursos.

Una investigación del medio Nicaragua Investiga indica que todos los diputados le cuestan al fisco nicaragüense unos 20 millones de dólares anuales.

Tras las reformas constitucionales de 2025 y las recientes declaraciones del dictador Ortega anunciando que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” en los términos tradicionales, es posible que incluso el espacio ocupado históricamente por los llamados partidos “zancudos” podría reducirse o suprimirse.

La codictadora Murillo confirmó posteriormente que el régimen prepara nuevas reformas para rediseñar el sistema electoral bajo un esquema completamente controlado por el Estado y reservado, según sus propias palabras, para “los mejores nicaragüenses”, mientras dejó claro que quienes fueron despojados de su nacionalidad “no tienen qué hacer” en esos futuros procesos.