¿Por qué el Gobierno Petro quiere llevar $4 billones a la UNGRD en sus últimos días?
- Colombia
- julio 22, 2026
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Pese a que la UNGRD y el Ideam habían advertido desde hace meses sobre la inminente llegada de un fenómeno de El Niño “muy fuerte”, el Gobierno de Gustavo Petro decidió declarar la situación de desastre nacional apenas a tres semanas de finalizar su mandato, argumentando la necesidad de acelerar medidas para mitigar sus posibles impactos en el país.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizada este martes 21 de julio, en la que participaron entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y representantes del Gobierno Nacional.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, confirmó que el Consejo recomendó formalmente al Ejecutivo declarar el desastre nacional por la amenaza que representa el fenómeno climático.
“Acabamos de aprobar por unanimidad del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la recomendación para que sea adoptada por decreto la declaratoria de desastre nacional por la inminencia de un fenómeno de El Niño con graves consecuencias para el país 2026-2027”, afirmó.
Pero lo curioso, más allá de que es una medida necesaria, es la demora en declararla y el monto que se aprobó para esto. Sobre todo, en medio de cuestionamientos que ya han surgido por contrataciones ‘exprés’ en otras entidades del Estado. Lo que hace levantar la suspicacia de esta medida a tan solo 15 días de que este Gobierno deje la administración.
¿A qué se debe esto?
A diferencia de otras declaratorias de desastre emitidas tras una emergencia ya ocurrida, esta medida tiene un carácter preventivo. Según explicó Pava, la legislación colombiana permite actuar antes de que los daños se materialicen cuando existe evidencia de un riesgo inminente.
“No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requieran atención inmediata”, señaló.
La decisión está respaldada por la Ley 1523 de 2012, que faculta al Estado para declarar situaciones de desastre o calamidad pública cuando se identifiquen amenazas que puedan derivar en afectaciones graves para la población o la infraestructura del país.
Lo llamativo en este caso es que el primer anuncio que se dio sobre esta emergencia fue a mediados de mayo de este año. Desde entonces hasta ahora, han pasado semanas y meses.
En este caso, la preocupación está relacionada con los pronósticos climáticos que advierten sobre una posible temporada de sequía intensa, acompañada por una reducción significativa de las lluvias, aumento de temperaturas, incendios forestales y presión sobre las fuentes hídricas.
A través de redes sociales, por ejemplo, el excandidato presidencial David Luna criticó esta decisión tardía: “Solo hasta ayer @petrogustavo pidió preparar la declaratoria de desastre nacional por El Niño”. Y agregó: “Llevamos meses advirtiendo la crisis. Científicos, gremios y expertos han señalando el riesgo que se venía desde comienzos de este año. La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar, las mismas regiones que este Gobierno prometió priorizar, hoy llegan más desprotegidas que nunca a un fenómeno que se veía venir. La improvisación es uno de los legados que nos deja este Gobierno. Hay que reaccionar ya”.
¿Contrataciones corriendo?
La suspicacia tiene lugar en el debate, sobre todo, tras la orden del presidente Gustavo Petro de trasladar 4 billones de pesos del presupuesto nacional a la UNGRD para hacer frente a la emergencia.
Las preocupaciones no son menores. Es más, en entrevista con Caracol Radio, el exdirector de la entidad y el actual, Carlos Carrillo y Javier Pava, discutieron la toma de estas medidas en contrarreloj a la salida del Gobierno Petro.
“A mí sí me preocupa que en los últimos días del Gobierno haya tanto afán por firmar, firmar y firmar. Eso no se ve bien”, dijo Carrillo.
Justamente, Carrillo cuestionó que Javier Pava retomara directamente la facultad de ordenar el gasto: “Concentrar nuevamente la ordenación del gasto elimina controles” que habían sido implementados tras el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La defensa principal de Pava fue que no se desmontaron los controles:“Los filtros siguen siendo los mismos (…) Lo único es el trámite final que hace el ordenador del gasto”.
Y frente a las acusaciones de presiones, aseguró que él es una “persona seria, honesta (…) Yo no voy a actuar por presiones de nadie”.
Y si bien esta discusión no está relacionada directamente con la declaratoria de desastre nacional, cobra relevancia porque esa figura activa un régimen especial que le otorga al Gobierno herramientas extraordinarias para atender la emergencia de manera más ágil.
Entre ellas, permite que los contratos relacionados directamente con las actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción derivadas de la situación de desastre se rijan por un régimen especial de contratación, distinto al Estatuto General de Contratación Pública. En estos casos, los contratos pueden celebrarse bajo las formalidades propias de la contratación entre particulares, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012.
Además, la declaratoria habilita la adopción de medidas especiales para la gestión de recursos públicos y la atención de la emergencia, permitiendo redireccionar partidas presupuestales hacia las acciones requeridas para enfrentar el desastre, de acuerdo con el régimen excepcional previsto en la misma ley.
Contratación directa
Y es que, tras la declaratoria, el Gobierno tendrá herramientas excepcionales para acelerar la ejecución de medidas destinadas a mitigar los efectos del fenómeno climático.
Petro indicó que una de las prioridades será fortalecer las alternativas de generación energética mediante proyectos de energía solar. Para ello, el Ejecutivo prevé expedir decretos y utilizar mecanismos de contratación directa que permitan desarrollar soluciones en un corto plazo.
Según explicó el mandatario, la intención es facilitar la participación de empresas nacionales e internacionales interesadas en aportar sistemas de energía solar que puedan operar incluso sin estar conectados a la red eléctrica nacional.
La medida se suma a otras acciones que deberán adoptar los ministerios y entidades del Gobierno en las próximas semanas para preparar al país frente a una eventual temporada de sequía severa.
Justamente al concluir la reunión, el presidente ordenó a las entidades del Ejecutivo avanzar en la expedición de resoluciones y actos administrativos necesarios para poner en marcha las medidas derivadas de la declaratoria, que comenzará a regir una vez sea formalizada mediante decreto.
De concretarse el escenario de este fenómeno de El Niño intenso, que hasta entes internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), han previsto, viene “muy fuerte”; es clave la mitigación desde el Estado. Lo preocupante son los tiempos y las medidas adoptadas por el saliente Gobierno Nacional.
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