Exclusivo | Así fue la cadena de intrigas que rodeó a los candidatos a ser jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia

La selección del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la principal agencia de inteligencia estratégica del Estado, tuvo un intrincado proceso interno en el que varias instituciones de seguridad entraron en pugna para poner en la jefatura a una de sus fichas.

Fuentes cercanas a este procedimiento le contaron a EL COLOMBIANO, en exclusiva y bajo reserva de identidad, que en la carpeta del presidente Abelardo de la Espriella hubo seis nombres en consideración.

El primero de ellos fue el general (r) Jaime Carvajal Villamizar, quien tuvo una carrera de más de tres décadas en el Ejército. Entre otros cargos, fue comandante de la Segunda División y del Batallón de Infantería N°14, así como jefe del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército (CENAE).

Participó en operaciones famosas, como Sodoma y Odiseo, en las que fueron dados de baja dos de los jefes históricos de las Farc, “el Mono Jojoy” y “Alfonso Cano”.

Sin embargo, su candidatura empezó a perder fuerza, a medida que diferentes voces le hablaban al oído a De la Espriella, intrigando para poner a otra persona en el puesto.

Fue así como las preferencias pasaron a Camilo Rojas, un exfuncionario del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este abogado fue viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa durante el gobierno de Iván Duque (2018-22), quien al parecer impulsó su postulación a la DNI.

Con esos dos nombres en firme, De la Espriella iba a poner al exmiembro del DAS en la dirección y al general (r) Carvajal como inspector de la entidad, pero este último declinó la oferta al enterarse que Rojas fue abogado de “Papá Pitufo”, el contrabandista más famoso de Colombia, quien al parecer trató de financiar con $500 millones la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La representación jurídica a “Papá Pitufo” terminó decapitando la hoja de vida de Rojas, pues la comunidad de Inteligencia no veía con buenos ojos su designación, y el 12 de agosto de 2026 De la Espriella nombró como director encargado de la DNI a Carlos Andrés Ríos Puerta, quien ya fungía como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Fue una medida provisional, mientras se barajaban otras hojas de vida, entre ellas la del mayor general (r) Luis Enrique Méndez Reina. Con este antiguo oficial pasó algo bastante, extraño, según las fuentes entrevistadas.

“Él era el candidato para ser el director de la Policía Nacional, pero dentro de esa institución hubo otros oficiales que conspiraron para que él no fuera seleccionado. Empezaron a repartir rumores de supuestas relaciones con políticos, y el tema no le gustó a De la Espriella”, explicaron.

Y prosiguieron: “Por esa razón no fue escogido para la Policía, y ese cargo se lo dieron al general (r) Alejandro Barrera. Entonces Méndez, que había trabajado muchos años en la inteligencia policial, empezó a sonar para la DNI”.

Hasta el 7 de septiembre de 2026, el general (r) Méndez era el principal candidato para quedarse con esa jefatura, pero las mismas personas que intrigaron para que no llegara a la Policía, lo bajaron del bus en la agencia estatal.

Al día siguiente apareció la hoja del vida del mayor general (r) Jorge Vargas, quien había sido jefe de la Dirección de Inteligencia Policía (Dipol), la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Policía Nacional. Uno de los oficiales más destacados y condecorados en la historia reciente de Colombia.

Sin embargo, su postulación incomodó a las Fuerzas Militares, de acuerdo con las fuentes. “La Policía ya tiene el control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y si quedaba Vargas, también tendrían el de la DNI. Para los militares, esa situación marcaba un desbalance”, precisaron.

Sus contradictores pusieron de manifiesto que Vargas está salpicado en investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, por su presunta participación en las irregularidades de un millonario contrato para comprar cámaras corporales para los uniformados (BodyCam), en su época de director de la Policía. Aunque nunca fue condenado por eso, la situación jugó en su contra.

La lista se fue decantando, hasta que llegó al general en retiro del Ejército Jorge Andrés Zuluaga López, quien estaba viviendo en Texas, Estados Unidos, cuando recibió la llamada del presidente.

Se trata de un exmilitar con amplia experiencia en el arma de inteligencia. Entró al Ejército Nacional en la década del 80 y, al convertirse en alto oficial, tuvo a su cargo importantes unidades, como la Regional de Inteligencia Militar Nº 5 (Rime 5), con jurisdicción en Cundinamarca, Tolima, Huila y el Eje Cafetero.

Estuvo al frente de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y participó en la recordada Operación Jaque, en la cual fueron rescatados 15 secuestrados de las garras de las Farc en 2008, en Guaviare, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt.

Su carrera no ha estado exenta de polémicas. La más grande fue haber liderado la sala de interceptaciones Andrómeda, una central de inteligencia clandestina que funcionaba en una casa de Bogotá, desde la cual se monitoreaba a las personas involucradas en los diálogos de paz con las Farc en Cuba, además de varias figuras de la prensa y la oposición política, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Aunque al final fue absuelto de los cargos, esa tacha quedó en su currículum. Aun así, esto no fue un obstáculo para que el presidente le otorgara la dirección de la DNI. El nombramiento fue oficializado con el decreto 1374 de 2026, firmado el pasado 9 de septiembre.

Una de las primeras decisiones que tomó Zuluaga a su llegada a la entidad, fue solicitar la renuncia protocolaria de la cúpula directiva, la cual había sido escogida por Carlos Andrés Ríos mientras estuvo en provisionalidad.

Esa decisión afectó al coronel (r) de la Policía, Giovanni Madariaga Pérez, director de Inteligencia Estratégica; al coronel (r) Hernando Vallejo Valencia (de la Policía) y el coronel Jorge Calixto Guauque (del Ejército), subdirectores de Operaciones y de Análisis, respectivamente.

También al director de Contrainteligencia, el coronel (r) de la Policía, Jesús Cruz Silva; al asesor de la Dirección, el coronel (r) de Policía Carlos Narváez Martínez; y a la civil Laura Melisa Ceballos Delgado, directora de Gestión Institucional.

La solicitud de la renuncia protocolaria levantó suspicacias, pues en los círculos de inteligencia se rumoró que Zuluaga no quería tantos expolicías en jefaturas de la entidad, y que prefería exmilitares de su confianza.

De acuerdo con las fuentes, su explicación fue más sencilla: “Ese equipo no lo eligió él, sino el anterior director encargado, entonces lo más lógica es que él quiera seleccionar su propio grupo directivo”.

Ahora el reto, tanto de Zuluaga como de De la Espriella, es recuperar la estabilidad en el comando de una entidad que en los últimos cuatro años tuvo cuatro directores, todo ellos exguerrilleros del M-19, que la convirtieron en una especie de policía gubernamental, dedicada a defender al gobierno de Petro en vez de fortalecer la seguridad del país.

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