Polémica en Urabá por padre indígena al que castigaron con cepo por abrir una escuela

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que por lo menos 64 niños de un resguardo indígena ubicado en la subregión del Urabá antioqueño continúan sin ir a la escuela por decisión de sus autoridades.

La situación salió a flote luego de que se conociera un video en el que uno de los padres de familia de los menores, inconforme con la medida, fue grabado forzando la puerta de un salón para que los menores pudieran entrar.

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Pese a que muchos otros padres celebraron la acción de protesta entre aplausos, el gesto no cayó nada bien entre las autoridades indígenas, que lo interpretaron como un hecho de desobediencia y procedieron a castigar al padre de familia.

También en imagen quedó captado cómo el hombre fue sometido al castigo del cepo, en el que uno de sus pies es aprisionado por largas horas.

Frente a dichas imágenes, el gobernador Rendón expresó su desacuerdo.

“Lo que ustedes acaban de apreciar es lo que no puede suceder en Colombia. Ningún ciudadano colombiano, sea indígena, afro, mestizo o cualquiera, está por encima de la ley. En el municipio de Mutatá, comunidades indígenas siguen sin que sus niños, al menos 64, puedan asistir rutinariamente al programa escolar y tampoco puedan acceder a los servicios complementarios como la alimentación”, dijo el mandatario seccional.

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“Este padre de familia y líder de la comunidad que abrió la escuela y que se ganó incluso el aplauso de 64 niños porque felizmente retornaban a clase, fue sometido a un castigo que ellos denominan el cepo. Eso no puede pasar. Y aquí los órganos de control, las autoridades, la jurisdicción que revisa que todo esté en regla con las comunidades tiene que proceder”, añadió.

Esta situación se produce varios días después de las protestas indígenas que se vivieron en el Centro Administrativo La Alpujarra, en las que Rendón ya había denunciado un desacuerdo con los líderes indígenas.

Según señaló entonces el gobernador, los líderes negociadores estarían pidiendo el cambio de aproximadamente 20 docentes que venían de gobiernos anteriores, petición a la que se negó la Gobernación por considerarla ilegal.