Elección de la fiscal Luz Adriana Camargo irá a revisión: Consejo de Estado admitió tutela

17 de marzo de 2026

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La validez del proceso que llevó a Luz Adriana Camargo a ser la cabeza de la Fiscalía General de la Nación en Colombia vuelve a estar bajo la lupa judicial tras un fallo en su contra, poniendo a tambalear su elección.

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La magistrada Claudia Rodríguez Velásquez, integrante de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió recientemente y de manera formal una acción de tutela que busca tumbar la sentencia que, en primera instancia, había blindado la elección de la funcionaria.

El recurso, interpuesto por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, arremetió contra una decisión previa de la Sección Quinta de la misma corporación, con el fin de poder llegar hasta la instancia mencionada.

En dicho fallo, el alto tribunal determinó que no existían méritos suficientes para anular el proceso de selección, desestimando los cuestionamientos sobre la legalidad del quórum y la conformación de la terna.

El núcleo de la controversia radica en lo sucedido el pasado 12 de marzo, día de la votación en la Corte Suprema de Justicia. Según el demandante, la elección de Camargo —quien obtuvo 18 votos— es irregular porque una de las aspirantes, Amelia Pérez Parra, ya había declinado su candidatura antes de que se cerrara el proceso.

Para Ortiz Mancipe, la salida de Pérez Parra desvirtuaba la naturaleza de la terna, obligando legalmente a una pausa en el cronograma para hacer el respectivo reemplazo. En el texto de la demanda se leyó textualmente la situación en ese entonces.

“La renuncia de Pérez obligaba a suspender la elección de fiscal en la Corte y lo que debía proceder era que le solicitaran al presidente de la república que recomponga la terna”, detallaron.

Bajo esta tesis, el presidente Gustavo Petro debió ser notificado para designar una nueva candidata antes de que la Sala Plena procediera con el sufragio definitivo, que terminó eligiendo a Camargo.

Más allá del tecnicismo administrativo, la tutela admitida por la Sección Cuarta incluyó duros cuestionamientos a la conducta de los magistrados de la Corte Suprema. El demandante sostuvo que el proceso de selección se ejecutó de manera inapropiada y sugirió la existencia de una posible “desviación de poder”.

El documento argumentó que habrían existido supuestos sesgos y prejuicios contra las otras dos integrantes de la terna original, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra, lo que habría inclinado la balanza de forma irregular hacia la actual fiscal.