Petro se rajó en anticorrupción; su gestión fue “deficiente”, según Transparencia por Colombia

Tras cuatro años en el poder, el gobierno del presidente Gustavo Petro cierra su mandato con una evaluación crítica en materia de lucha contra la corrupción. Así lo concluye un informe presentado por Transparencia por Colombia, que analizó las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo en asuntos de transparencia e integridad a lo largo del cuatrienio.

El diagnóstico central del informe es contundente: la agenda anticorrupción del Gobierno “inició con impulso discursivo y algunas medidas relevantes, pero no consolidó cambios estructurales”.

A esto se suma, según la organización, la ausencia de un liderazgo ético por parte del propio mandatario, quien “estuvo inmerso en múltiples escándalos relacionados con funcionarios cercanos”.

El documento identifica como la principal apuesta del cuatrienio la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, una iniciativa que buscaba dar una visión de largo plazo a la acción del Estado, pero que “terminó concentrándose en acciones puntuales y fragmentadas, algunas de ellas ya contempladas en el marco normativo vigente”.

Durante el periodo también se reglamentaron los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, se creó el Sistema Nacional de Integridad, el Grupo de Transparencia del Sector Defensa y la Línea 157 para la recepción de denuncias, aunque el informe advierte que aún falta evaluar su impacto real en la prevención de la corrupción.

Uno de los puntos más sensibles del balance tiene que ver con la protección a denunciantes.

Aunque se registraron avances legislativos para crear un marco más sólido, la organización señala una contradicción de fondo: “Los cuestionamientos públicos del presidente Gustavo Petro hacia una exfuncionaria que denunció presuntos hechos de corrupción” y podrían “desincentivar la denuncia y debilitar la confianza en las garantías ofrecidas por el Estado”.

En materia de acceso a la información, el informe destaca el inicio de la formulación de la Política Pública de Acceso a la Información —una deuda pendiente desde la Ley 1712 de 2014—, aunque esta no logró ser aprobada antes de finalizar el periodo de gobierno.

En contratación pública se reconoce la consolidación de SECOP II y la Tienda Virtual del Estado, pero persisten desafíos como “la lenta migración de las entidades a estas plataformas” y “las deficiencias en la calidad de la información registrada”.

El capítulo electoral tampoco escapa a las críticas, un tema que ha estado permeado por descalificaciones de diferentes figuras públicas, entre ellas el presidente Gustavo Petro.

El Gobierno impulsó dos proyectos de acto legislativo para transformar el sistema político, pero “ninguno logró completar su trámite en el Congreso”. El informe advierte además sobre la falta de continuidad en la Política Criminal Electoral, cuya vigencia terminó en 2025 sin actualización, lo que redujo la capacidad del Estado para enfrentar de forma articulada la financiación ilegal de campañas, la compra de votos y la injerencia de organizaciones criminales.

En medio ambiente y paz, el balance reconoce avances puntuales —como el Fondo para la Vida y la Biodiversidad o la creación de 16 bolsas subregionales de recursos del Acuerdo de Paz—, pero insiste en que persisten riesgos por la discrecionalidad en la selección de proyectos y las limitaciones para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos.

De cara al nuevo periodo presidencial, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Transparencia por Colombia plantea la necesidad de consolidar una política de Estado, y no de gobierno, en materia anticorrupción.

Entre sus recomendaciones están fortalecer la protección a denunciantes, culminar la modernización de SECOP, aprobar la Política Pública de Acceso a la Información y actualizar la Política Criminal Electoral.

El director ejecutivo de la organización, Andrés Hernández, resumió así el mensaje central del informe: “Este Balance deja una lección clara: la lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de la voluntad política de cada gobierno. Colombia necesita una política de Estado con liderazgo, continuidad y capacidades institucionales que trasciendan los periodos presidenciales. El principal reto para el próximo Gobierno será convertir las lecciones de estos cuatro años en reformas que generen cambios sostenibles y recuperen la confianza ciudadana”.

Acá puede leer el informe completo: