OEA propone expulsar a China y Rusia de Nicaragua para una transición democrática
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- septiembre 28, 2026
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Un proyecto de resolución presentado por Colombia, Perú y Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) propone exigir a la dictadura sandinista de Nicaragua una serie de medidas inmediatas y verificables para restaurar la institucionalidad democrática. La propuesta será considerada en la reunión de cancilleres programas para el 2 de octubre.
El documento, presentado el 25 de septiembre, exige la liberación incondicional de los presos políticos, la divulgación del paradero de las personas desaparecidas y el restablecimiento de la ciudadanía y del derecho a regresar al país de al menos 452 nicaragüenses desnacionalizados y expulsados por la dictadura.
La propuesta también demandaría restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, así como permitir el regreso de medios de comunicación, organizaciones civiles, universidades y otras instituciones disueltas, junto con sus bienes y personalidad jurídica.
La dictadura habrá de revocar los cambios estructurales aprobados en 2025 y los más recientes en 2026, que el proyecto considera como contribuyentes al desmantelamiento de “la democracia representativa, la independencia de las instituciones del Estado, la separación de poderes y el pluralismo político”.
Paralelamente, la dictadura habría de devolver bienes y activos confiscados ilegalmente a opositores.
El proyecto exige a la dictadura retirar “personal, tecnología, medios e instalaciones de seguridad provenientes de fuera del hemisferio” (en la práctica, mayormente de China, Rusia e Irán,) cuya presencia suponga una amenaza para la seguridad hemisférica, así como poner fin a los acuerdos relacionados.
La propuesta crearía un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, encargado de buscar un diálogo directo con las autoridades, evaluar el cumplimiento de las demandas y preparar opciones para una eventual acción colectiva gradual en los ámbitos diplomático, político, económico, financiero e institucional.
El grupo tendría 30 días para presentar un informe inicial, mientras que una segunda reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores quedaría abierta para ser convocada nuevamente en un plazo de hasta 45 días, o incluso antes si las circunstancias lo justifican, para valorar nuevas medidas.
