Monreal cuestiona el ‘cambio de lógica’ que Díaz-Canel exige al campo cubano

El Gobierno cubano pide a los productores agropecuarios que cambien su «lógica» y asuman mayor autonomía, pero mantiene sin resolver la cuestión que determina cualquier decisión de producir: qué gana de manera previsible el agricultor que arriesga su semilla, combustible, tiempo y trabajo, señala el economista Pedro Monreal.

«Sin modificar los incentivos, el ‘cambio de lógica’ que el Gobierno cubano exige a los agricultores no puede concretarse», advirtió Monreal en una publicación en X, después del encuentro de Miguel Díaz-Canel con representantes del sector agropecuario.

Para el economista, el problema de las nuevas medidas no es solamente su alcance normativo, sino que el Gobierno pretende obtener una nueva conducta de los productores sin haber reordenado las condiciones económicas que determinan esa conducta.

Díaz-Canel exigió resultados rápidos al campo y afirmó que la agricultura es el sector que debe mostrar resultados «en un plazo más inmediato». También sostuvo que las nuevas transformaciones permiten a los productores decidir qué, cómo y cuánto producir y cómo comercializarlo, aunque reconoció al mismo tiempo que «hay muchas cosas que no avanzan» y permanecen «trabadas».

Monreal cuestiona precisamente esa contradicción. 

El productor asume el riesgo, pero no controla el resultado

El eje 7 del paquete de 176 transformaciones aprobado por el Gobierno plantea aumentar la autonomía y el poder de decisión de los productores, convertirlos de ejecutores de planes en gestores y acercarles tierra, insumos, comercialización y financiamiento. Pero para Monreal falta la pregunta fundamental: qué incentivo económico tiene el productor para aumentar la producción.

«Un productor no se convierte en ‘gestor del destino productivo’ porque se lo expliquen», señaló. El cambio, sostuvo, se produciría cuando sembrar más y vender mejor le garantice un margen previsible.

Eso requiere, a su juicio, precios, contratos y reglas de mercado estables. De lo contrario, la autonomía queda reducida a una exhortación: el productor debe asumir el riesgo adicional, pero no necesariamente tiene asegurado que podrá apropiarse de los beneficios derivados de su esfuerzo.

La observación enlaza con el planteamiento que ya había hecho el economista Elías Amor tras el encuentro de Díaz-Canel: las modificaciones normativas no eliminan necesariamente las restricciones estructurales que han limitado durante décadas la actividad agropecuaria.

Entre ellas está la propiedad estatal de la tierra. Las reformas amplían mecanismos de usufructo y otras fórmulas de acceso, pero no convierten la tierra en propiedad privada plena de los productores.

El campo entra en la campaña de frío sin datos

Monreal señala además una ausencia que considera especialmente significativa: las estadísticas.

La nota oficial sobre el encuentro, según el economista, no ofrece datos suficientes para evaluar el estado real del sector ni sus perspectivas inmediatas. A su juicio, esto prolonga el «apagón estadístico» del agro que identifica desde 2022.

La carencia resulta particularmente relevante porque la reunión se produjo al comienzo de la campaña de siembra de frío, que se desarrolla entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 y constituye un periodo decisivo para numerosos cultivos.

El economista llama la atención sobre la ausencia de información acerca de la campaña principal de cultivos varios —viandas, hortalizas, granos y frutales— y, en particular, sobre las perspectivas para la producción de viandas.

En lugar de ofrecer cifras sobre áreas preparadas, disponibilidad de insumos, combustible, riego o metas productivas, el discurso oficial se concentró en la nueva «lógica» que deben adoptar los productores.

Para Monreal, el problema es precisamente ese desplazamiento: se habla de autonomía y de «gestores del destino productivo» mientras la campaña agrícola que debe materializar esas reformas ya está en marcha.

162 medidas para el agro, pero incentivos pendientes

El Gobierno asegura que 162 de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas tienen impacto sobre el sector agropecuario. El paquete incluye modificaciones relacionadas con la tierra, los insumos, la comercialización, las cooperativas, el financiamiento y las relaciones entre actores estatales y no estatales.

El eje 7 incorpora, además, mecanismos como el usufructo, precios pactados, mayor autonomía de las cooperativas, nuevas vías de comercialización y la creación de un banco especializado en agricultura.

Monreal no niega que esas medidas puedan abrir espacios nuevos. Su cuestionamiento es que la existencia de nuevas reglas no equivale automáticamente a un cambio de incentivos.

Si un agricultor no sabe a qué precio podrá vender, si el contrato podrá cumplirse, si tendrá acceso estable a combustible e insumos o si podrá disponer del resultado económico de su producción, la ampliación formal de su autonomía no garantiza que vaya a asumir más riesgos.

La diferencia es crucial para un sector en el que producir más requiere precisamente adelantar recursos y asumir riesgos antes de conocer el resultado.

La urgencia oficial choca con años de deterioro

La exigencia de resultados inmediatos llega después de un prolongado retroceso productivo.

En el caso del arroz, la producción pasó de 304.000 toneladas en 2018 a 111.000 en 2025, según datos oficiales citados anteriormente. La propia Agricultura reconoció que ese volumen ya no tenía «ningún impacto» en el arroz distribuido mediante la libreta.

A ello se suma la caída de la inversión agropecuaria. Datos de la ONEI citados por Monreal muestran que el índice de inversión en agricultura, ganadería y silvicultura cayó entre 2014 y 2024 hasta 33,3, mientras el correspondiente al turismo llegó a 151,4.

En 2025, además, la escasez de combustible llevó a productores a recurrir nuevamente a la tracción animal y a otras soluciones de emergencia.

Ese contexto es relevante para la discusión actual porque la nueva exigencia del Gobierno no parte de un sector que simplemente necesite cambiar su actitud. Parte de un sistema productivo que llega a la campaña de frío después de años de deterioro de sus capacidades.

«Cambiar la mentalidad» no sustituye las reglas

Díaz-Canel dijo que los productores serán los «dueños de la ejecución» de las transformaciones y advirtió que, si «la comida no aparece en el plato de las familias cubanas», la población no creerá en ellas.

Monreal considera que esa lógica invierte la relación entre las reformas y sus resultados.

El Gobierno espera que los productores respondan rápidamente a los cambios normativos. Pero, para que esa respuesta sea sostenible, el productor necesita señales económicas que hagan racional asumir el riesgo de producir más.

El problema, por tanto, no sería convencer al agricultor de que debe ser más autónomo, sino modificar las condiciones que determinan qué decisiones productivas le resultan económicamente convenientes.

La campaña de frío ofrecerá el primer escenario inmediato para comprobar hasta dónde las nuevas medidas consiguen traducirse en producción. Pero, sin información estadística suficiente y sin cambios verificables en los incentivos, advierte Monreal, pedir más alimentos y menores precios puede terminar siendo otra exigencia de resultados sobre un modelo que todavía no ha resuelto cómo hacer rentable producirlos.