María Elvira Salazar llama a «garantizar la seguridad» de exiliados nicaragüenses en Centroamérica

La congresista estadounidense María Elvira Salazar expresó su preocupación por la situación de seguridad de los exiliados nicaragüenses que residen en Centroamérica y llamó a los gobiernos de la región a garantizar su protección frente a posibles actos de persecución vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A través de un mensaje publicado en Twitter (ahora X), la legisladora republicana del XXVII Distrito de la Florida afirmó que quienes abandonaron Nicaragua debido a la represión política no deberían enfrentar nuevas amenazas fuera de su país.

“Me preocupa profundamente la seguridad de los exiliados nicaragüenses en Centroamérica”, escribió Salazar. “Quienes huyeron de la persecución de Ortega no pueden volver a sentirse perseguidos lejos de su patria”.

La congresista sostuvo que los países centroamericanos tienen la responsabilidad”moral y democrática de protegerlos, garantizar su seguridad y dejar claro que no hay espacio para el miedo ni para la mano larga de la dictadura”, señaló. “Con los perseguidos, siempre. Con Ortega, nunca”, añadió.

¿Un mensaje para Costa Rica?

Las declaraciones de Salazar contrastan con la posición expresada recientemente por la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, quien ha abogado por mantener una relación cordial con la dictadura de Nicaragua, manteniendo la postura de neutralidad oportunista del gobierno de su predecesor, Rodrigo Chaves.

Durante una entrevista concedida días atrás, Fernández afirmó que buscaría una relación basada en el respeto mutuo con Managua y sostuvo que “los nicaragüenses tienen el gobierno que eligieron”, comentarios que provocaron críticas entre sectores de la oposición nicaragüense en el exilio, de la propia oposición costarricense y defensores de derechos humanos.

Más tarde, defendiéndose ante los señalamientos, Fernández alegó: “no me meto en problemas ajenos”, justificando su postura. Según la mandataria, su prioridad es mantener una relación estable con Nicaragua por razones comerciales sin tomar en cuenta el ángulo de los derechos humanos, una histórica preocupación del Estado costarricense.

Diversas voces señalaron que las elecciones celebradas bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido cuestionadas por organismos internacionales debido a la ausencia de garantías democráticas, la proscripción de partidos opositores y el encarcelamiento de aspirantes presidenciales antes de los comicios de 2021.

Denuncias creíbles de fraude fueron avanzadas tan pronto como las elecciones municipales de 2008 y en todos los subsiguientes comicios bajo la segunda presidencia de Daniel Ortega a partir de 2007.

Asimismo, durante las elecciones de 1985, bajo la Primera Dictadura Sandinista, la represión política del régimen y el resultante desconocimiento y boicot que hizo la oposición minaron la legitimidad de esos comicios.

Antes de ello, el Frente Sandinista se impuso por las armas dando un golpe militar contra la decadente dictadura somocista en 1979 y neutralizando al resto de la coalición antisomocista, instituyendo un régimen de partido único.

En Costa Rica se han registrado algunos de los más dramáticos atentados contra opositores exiliados, como lo fue el asesinato de Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica en junio de 2025.

Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apuntan a que el crimen habría estado motivado por razones políticas y vinculado a estructuras que operan desde Nicaragua para identificar y atacar a opositores en el exilio.

A ello se suman los atentados sufridos por el opositor Joao Maldonado, quien sobrevivió a dos ataques armados en Costa Rica. El más reciente, ocurrido en enero de 2024, dejó gravemente herida a su esposa, con secuelas de por vida.

Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición han señalado que estos hechos dejan ver algunos de los riesgos que enfrentan los exiliados nicaragüenses incluso después de abandonar el país ante la falta de una respuesta coordinada de las autoridades.

La anterior administración costarricense había negado que grupos sandinistas operasen en el territorio, a pesar de varios indicios encontrados en las indagaciones de la muerte de Samcam y los ataques contra Maldonado.